El expresidente Martín Vizcarra continuará su proceso judicial en libertad, aunque bajo estrictas reglas de conducta, luego de que el juez Víctor Alcócer, de la Corte Superior Nacional, rechazara el pedido de prisión preventiva formulado por la fiscalía. La decisión establece que Vizcarra deberá cumplir un régimen de comparecencia con restricciones por seis meses, extendiéndose durante el periodo en el que se prevé la conclusión del juicio y la emisión de la sentencia, sea condenatoria o absolutoria.
Entre las medidas destacadas, se encuentra la prohibición de salir del país, extendida por seis meses y que reemplaza la restricción que vencía el 4 de julio. Vizcarra tampoco podrá ingresar a embajadas ni comunicarse con personal diplomático, deberá someterse a controles biométricos y reportar mensualmente sus actividades ante la autoridad judicial. Estas reglas buscan evitar un eventual intento de fuga o influir en la marcha del proceso.
La acusación central que enfrenta Vizcarra es por presuntos actos de corrupción cometidos en su gestión regional. Según la fiscalía, habría recibido sobornos por 1 millón de soles de Obrainsa, a cambio de favorecerla en la licitación del proyecto Lomas de Ilo, y otros 1,3 millones de soles de ICCGSA por la ampliación del Hospital de Moquegua. Los pagos, según la investigación, beneficiaron a ambas empresas en los procesos de adjudicación y ejecución de obras públicas.
El proceso contra el exmandatario está en una fase avanzada, con testimonios y pruebas aportadas por ambas partes desde el inicio del juicio oral en octubre de 2024. Se espera que la sentencia salga en los últimos meses del año, coincidiendo con la vigencia de las nuevas restricciones impuestas.
La defensa de Vizcarra rechazó los señalamientos y sostiene que ha colaborado plenamente con la justicia. El expresidente anunció que apelará algunas de las medidas, especialmente la obligación de reportar sus actividades. El fiscal Germán Juárez, por su parte, comunicó que apelará la decisión del juez con el propósito de conseguir la prisión preventiva debido a la gravedad de los cargos.
Los procesos contra Vizcarra
El proceso más antiguo en contra de Martín Vizcarra corresponde a su gestión como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014.b, vinculados a la adjudicación de obras públicas. Este caso, calificado como cohecho pasivo propio, ya ha iniciado la fase de juicio oral y la fiscalía solicita una pena de 15 años de prisión y nueve de inhabilitación para Vizcarra.
Durante su mandato presidencial, Vizcarra se convirtió en sujeto de nuevas investigaciones por presunta organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias. En este contexto, se le atribuye la recepción de beneficios indebidos asociados a licitaciones de obras por un monto superior a 274 millones de soles. Parte de estas pesquisas llevaron a la incautación de 68 bienes registrados a nombre de Vizcarra en marzo de 2023.
Otra indagación relevante está relacionada con la entrega de nueve contratos por 175.000 soles a Richard Swing desde el Ministerio de Cultura, mientras Vizcarra era presidente. El Ministerio Público sostiene que se produjo una red de contrataciones irregulares.
El caso Vacunagate también involucra a Vizcarra y lo llevó a enfrentar una inhabilitación congresal tras recibir dosis de la vacuna Sinopharm fuera del ensayo clínico oficial. Actualmente, Vizcarra tiene acumuladas tres sanciones de inhabilitación, que suman un total de 25 años, originadas por diversos hechos ocurridos durante su gestión en cargos públicos.
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