Una nueva controversia sacude al Congreso de la República. Se trata del caso de Alexandra Tafur Salazar, una odontóloga de 24 años contratada en noviembre de 2024 para el Área de Desarrollo y Bienestar Personal del Legislativo, una posición que anteriormente ocupó su madre, Cecilia Salazar.
Actualmente, Salazar es asesora principal de la congresista Rosío Torres, y ambas —madre e hija— son militantes de Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña. El caso ha encendido las alarmas sobre prácticas clientelistas y posibles delitos de nepotismo, injerencia y peculado.
¿Un puesto heredado?
Según denunció el programa Cuarto Poder, Cecilia Salazar dejó su cargo administrativo en el Congreso para asumir como asesora principal de Rosío Torres, mientras su hija fue contratada para reemplazarla en su anterior puesto. La contratación fue autorizada por la Oficina de Recursos Humanos del Parlamento, entonces dirigida por Heidy Figueroa, también integrante de APP.
El abogado José Trelles, especialista en contrataciones con el Estado, fue enfático: “Es extraño que una madre le deje el puesto de trabajo a su hija, más aún cuando la hija es odontóloga y el cargo es de asistente en un departamento de bienestar y personal, que requiere un perfil diferente”, explicó en entrevista con RPP.
Trelles advirtió que este caso revela “una deficiencia administrativa y posibles irregularidades en la contratación”. Además, indicó que podrían haberse vulnerado disposiciones legales, ya que la contratación de familiares directos en una misma entidad pública está prohibida por norma.
¿Qué dice la ley?
De acuerdo con la legislación vigente, está expresamente prohibido que familiares directos trabajen en la misma institución pública. La normativa contempla tres tipos de vínculos laborales que pueden configurarse como faltas: contratación directa, injerencia directa e injerencia indirecta. En este caso —según Trelles— no se trataría de una contratación directa, pero sí cabría investigar si hubo injerencia directa de la madre o injerencia indirecta de la congresista Torres.
“Si la madre coordinó con personal de Recursos Humanos para que su hija la reemplace, se trataría de injerencia directa. Si fue la congresista quien impulsó esa contratación, se habla de injerencia indirecta”, explicó.
Bajo investigación fiscal
La gravedad del caso aumenta al considerar que tanto Salazar como Rosío Torres están bajo investigación de la Fiscalía por presuntos recortes salariales a trabajadores del despacho congresal. Un testigo relató que Salazar recolectaba parte de los sueldos del personal y realizaba depósitos mensuales al sobrino de la parlamentaria, Juan Daniel Pérez Guerra, por montos que llegaban hasta los S/3,462.
“El silencio de la asesora fue recompensado con un nuevo puesto y un ascenso”, denunció un extrabajador. “Es un tema de cambio de favores: más cupos, más recorte de sueldo. Yo con mi trabajo asegurado, y la otra recortando sueldos. Ambas partes ganan”, agregó.
En respuesta, la congresista Torres evitó dar declaraciones y acusó a Cuarto Poder de acosarla. El programa la captó realizando una videollamada con su esposo, evidentemente alterada.
“Una práctica extendida en el Congreso”
Trelles advirtió que este caso no es aislado y forma parte de un patrón de contrataciones que evidencia el copamiento del Congreso por parte de partidos políticos. “Ya no se trata solo de personal de confianza, también de puestos administrativos. Todo esto limita el derecho de los ciudadanos a acceder de forma transparente y competitiva a un puesto público”, indicó.
El especialista recordó además otros casos similares, como el de la oficina de estudios del Congreso manejada por una funcionaria identificada como “la hija política de César Acuña”, que también favoreció a militantes de APP.
El abogado enfatizó que este tipo de prácticas “vulneran directamente el derecho al mérito, la transparencia institucional y la legitimidad del Parlamento”.
¿Qué delitos podrían configurarse?
Según Trelles, si se demuestra injerencia directa o indirecta, el caso podría derivar en un proceso por nepotismo. Pero también existe la posibilidad de delitos más graves: “Si se usaron estos contratos para apropiarse de sueldos de los trabajadores, podríamos estar hablando de peculado, o incluso delitos relacionados con corrupción y recorte de remuneraciones”, sostuvo.
Finalmente, consideró que el Ministerio Público debería ampliar la investigación contra Torres y su entorno, incluyendo el nuevo contrato de la hija de su asesora. “Este caso debe esclarecerse, no solo por su gravedad institucional, sino porque representa un patrón que erosiona la confianza ciudadana en el Parlamento”, concluyó.
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