
Durante años, el robo de celulares en Perú se convirtió en una de las formas de delincuencia más comunes, afectando tanto a ciudadanos como al sistema de telecomunicaciones en general.
Sin embargo, en lo que va del 2025, el panorama parece comenzar a cambiar. De acuerdo con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el promedio diario de robos de teléfonos móviles ha disminuido de 6.500 a 4.200. Esta reducción se asocia principalmente con la intensificación de medidas como el bloqueo definitivo de dispositivos robados y la depuración del mercado ilegal.
Rafael Muente, presidente de Osiptel, señaló recientemente que este descenso está directamente relacionado con las acciones implementadas por el organismo desde 2024, y que se han fortalecido en los primeros meses de este año.
Estas acciones tienen como núcleo la tecnología: se han comenzado a aplicar mecanismos de bloqueo que inutilizan los equipos robados en todas las operadoras móviles del país. Esto ha permitido cerrar el círculo para quienes comercian con celulares robados o clonados.
Una de las herramientas clave en esta lucha es el uso del código IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil), que permite identificar de forma única cada teléfono móvil. Gracias a este sistema, los dispositivos con IMEI inválido, duplicado o reportado como robado son detectados y bloqueados, imposibilitando su funcionamiento dentro de la red móvil peruana.

La “lista blanca”
A partir del 22 de julio de este año, entrará en vigor la implementación completa de la llamada “lista blanca”, una base de datos que solo incluye equipos móviles registrados y validados por los operadores.
Esto significa que cualquier dispositivo no incluido en este registro será automáticamente bloqueado, sin posibilidad de ser utilizado en ninguna red nacional. La medida apunta especialmente a importadores y comerciantes, quienes tienen ahora la responsabilidad de verificar la legalidad de los equipos que venden.
Esta decisión forma parte de la tercera fase del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), un sistema implementado desde 2018 y que ha evolucionado con el tiempo. Su propósito es desincentivar el comercio informal de dispositivos móviles, que muchas veces se alimenta de actos delictivos como robos, clonación de equipos o importaciones ilegales.
Además de la acción tecnológica, el gobierno ha reforzado el marco legal. Desde octubre de 2024, rige un decreto que incrementa las penas por robo de celulares, estableciendo sanciones de hasta 30 años de prisión en casos donde se produzca la muerte de la víctima, daños irreversibles o el uso de explosivos o vehículos motorizados para cometer el delito. Esta legislación busca atacar el problema desde el frente penal, elevando el costo de incurrir en esta forma de crimen.
La estrategia integral incluye también la cooperación entre entidades públicas, operadoras móviles y cuerpos de seguridad. Según informes previos, la fase inicial del bloqueo de celulares comenzó en 2019, pero se vio interrumpida durante la pandemia. Tras su reactivación, se han identificado resultados progresivos, que se ven reflejados en las cifras actuales.
El reto para las autoridades peruanas es mantener esta tendencia a la baja y asegurar que las nuevas tecnologías sigan siendo efectivas. El comercio ilegal de dispositivos ha demostrado tener una gran capacidad de adaptación, y el seguimiento constante será fundamental para evitar su reaparición en nuevas formas.
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