La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que inició un proceso sancionador contra más de 180 hospedajes en Perú por incumplir con la normativa migratoria que obliga a reportar la presencia de extranjeros que utilizan estos servicios. Según lo informado por la entidad, los establecimientos omitieron transmitir la información completa de sus huéspedes extranjeros, un requisito central que busca facilitar el control migratorio y la seguridad en el país.
Esta acción responde al Decreto Supremo 011-2024-IN, que modifica la Ley de Migraciones y su reglamento, estableciendo la obligatoriedad de que cada hospedaje registre y reporte en línea los datos de ciudadanos extranjeros mediante la plataforma oficial de Migraciones (https://registrohuespedes.migraciones.gob.pe/web_sigrhe/ResponsableHospedaje/Index). Los infractores enfrentarán multas de hasta dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), una sanción considerable dentro del marco fiscal peruano.
La mayoría de los establecimientos investigados se encuentra en ciudades como Trujillo, Arequipa y Puno, aunque la problemática abarca otras zonas del interior del país.
Reforzamiento de la seguridad y nueva normativa
Desde fines de 2024, los hospedajes y arrendadores peruanos están obligados a solicitar y registrar los documentos de identidad o de viaje de los extranjeros que utilicen sus servicios. Esta disposición surge con el objetivo de reforzar tanto la seguridad interna como el orden migratorio en todo el territorio, tal como indica el decreto supremo.
El registro tiene carácter obligatorio y contribuye a que los propietarios de hospedajes cuenten con garantía sobre la identidad de sus huéspedes o inquilinos. Así, se disminuye el riesgo de que estos espacios se utilicen para actividades ilícitas. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, esta dinámica responde al principio de igualdad, ya que tanto peruanos como extranjeros deben identificarse al alojarse en un establecimiento o alquilar un inmueble.
La implementación tecnológica tiene un rol clave. La plataforma digital desarrollada por Migraciones permite a los establecimientos realizar el registro de manera sencilla y gratuita. Los responsables de los hospedajes tuvieron un plazo inicial de 30 días hábiles, desde la publicación del decreto, para capacitarse y adecuarse al uso de la plataforma.
Multas y consecuencias del incumplimiento
Las sanciones por no cumplir con la norma incluyen multas de hasta dos UIT. Entre las faltas que ameritan esta penalidad figura el no solicitar documentos a huéspedes extranjeros, no registrar los datos correctamente o no transmitirlos a la plataforma destinada. El control busca promover el cumplimiento de la legislación migratoria y desalentar la permanencia irregular de ciudadanos extranjeros en el país.
Esta política también tiene como fin reducir los delitos asociados a la migración irregular, como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. El seguimiento exhaustivo de la documentación y el control digital de los registros son medidas que, según Migraciones, favorecen un entorno más seguro y ordenado tanto para la sociedad peruana como para los propios migrantes.
Régimen sancionador especial para extranjeros en situación irregular
Las nuevas regulaciones se complementan con el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (Pasee), mecanismo que permite la expulsión de extranjeros que hayan ingresado al país de manera irregular o que realicen actividades que comprometan la seguridad nacional, el orden público o el orden interno. La expulsión puede ejecutarse en un plazo máximo de 24 horas desde la decisión administrativa.
Entre enero y octubre de 2024, Migraciones dispuso la expulsión de cerca de 2,000 extranjeros de diversas nacionalidades, proceso realizado en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Estas acciones refuerzan la estrategia del Estado para enfrentar la migración irregular y consolidar la seguridad nacional.
El proceso sancionador iniciado contra los más de 180 hospedajes busca sentar un precedente sobre la importancia del cumplimiento normativo en materia migratoria, en un contexto donde la movilidad internacional requiere procedimientos cada vez más rigurosos.
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