Madre de Dios: detienen al alcalde de Tahuamanu por presunta colusión para estafar al Estado con obra de S/13 millones

La lucha contra la corrupción estuvo esta vez en la Amazonía peruana. Rony Segovia Arrascue, alcalde del distrito de Tahuamanu en Madre de Dios, fue detenido este lunes por orden judicial. Está siendo investigado por los delitos de colusión agravada y contra la fe pública. La Fiscalía apunta a una presunta concertación ilegal durante la adjudicación de una obra vial por más de 13 millones de soles.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, en coordinación con la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, ejecutó allanamientos en 11 inmuebles de forma simultánea. Las acciones se desplegaron en Madre de Dios, Loreto y San Martín.

Entre los lugares intervenidos estuvo la vivienda del propio alcalde Segovia, así como domicilios y oficinas de otros funcionarios y contratistas vinculados a la Municipalidad Distrital de Tahuamanu.

Además del alcalde, la lista de detenidos incluye a la gerenta municipal Dina Menor y al funcionario Humberto Torres. También fueron capturados Tatiana Rengifo (en Iquitos) y, en San Martín, Ángelo Vela, Miguel Bartra, Kelly Saavedra, Joselito Rimarachín y Carlos Chu, todos señalados como parte de la presunta red de corrupción.

¿Cuál es el caso?

La investigación fiscal sostiene que los implicados habrían concertado en distintas etapas de la adjudicación de la obra “Mejoramiento del Camino Vecinal Shiringayoc - Santa María, Valparaíso”, valorizada en S/ 13,304,860, con el fin de defraudar al Estado.

Este tipo de maniobra es tipificada como colusión agravada, cuando un funcionario público se pone de acuerdo con un tercero para obtener ventajas indebidas en la contratación de obras, servicios o bienes estatales.

¿Qué viene ahora?

Los detenidos han sido puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias judiciales. Se evaluará si se solicita prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Según el Ministerio Público, este operativo es parte de una estrategia mayor para desarticular redes de corrupción en gobiernos locales, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad institucional.

El costo social de la corrupción

Cuando los recursos públicos son malversados, las consecuencias son directas y devastadoras para la población. Obras viales inconclusas o de mala calidad significan caminos intransitables, acceso limitado a salud, educación y oportunidades de desarrollo para miles de ciudadanos.

Este caso expone una vez más la necesidad urgente de fortalecer la vigilancia ciudadana, exigir mayor transparencia en la gestión local y castigar con firmeza a quienes traicionan la confianza pública.

Tensión social en otras regiones

Mientras en Madre de Dios se investiga corrupción desde la cima de un municipio, en la región Pasco la población estalló por el incumplimiento de obras. Este martes, en el distrito de Ninacaca, el alcalde Pedro Espinoza Córdova y su gerente municipal fueron retenidos por vecinos de la comunidad de Ranyac.

Según la Policía Nacional, alrededor de 20 pobladores ingresaron a la municipalidad alrededor de las 10:00 de la mañana para exigir explicaciones sobre obras prometidas. Ante la falta de respuestas satisfactorias, los manifestantes agredieron físicamente a un regidor, causaron daños en las oficinas y llevaron por la fuerza al alcalde y al gerente municipal hasta la comunidad.

El general PNP Eloy Lara Bendezú, jefe de la Región Policial Pasco, confirmó que tanto el alcalde como su gerente se encuentran en buen estado de salud. Efectivos de las comisarías cercanas y de la Unidad de Servicios Especiales fueron movilizados para restablecer el orden y garantizar la integridad de las autoridades, quienes seguían retenidas mientras se intentaba instalar un diálogo con los protestantes.

Corrupción en funcionarios

En ese contexto, cabe señalar que recientemente se publicó un informe estadístico elaborado por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Anticorrupción, el cual resalta que más de 44 millones de soles fueron impuestos como reparación civil a favor del Estado entre enero y abril de 2025, como parte de las sentencias por delitos de corrupción de funcionarios. Esta cifra destaca el impacto económico de las sanciones dictadas por el Poder Judicial, en el marco de la lucha contra la corrupción en el sector público del Perú.

El documento señala que un total de 546 personas fueron condenadas en el periodo analizado, resultado de la labor de las Fiscalías Provinciales Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional. El balance, publicado por la Coordinación Nacional de este subsistema, precisa que que entre las 261 sentencias condenatorias figuran 257 funcionarios públicos, 139 servidores y 150 particulares, entre los que se encuentran proveedores y personas externas contratadas por el Estado.