Alcalde distrital en Pasco fue retenido por pobladores tras incumplir obras de agua y desagüe

Una protesta vecinal en la región Pasco terminó en una grave denuncia: el alcalde de Ninacaca, Pedro Espinoza Córdova, y su gerente municipal fueron retenidos este martes por pobladores de la comunidad de Ranyac. Los ciudadanos alegaron que la autoridad no cumplió con las obras prometidas para su localidad.

Los hechos ocurrieron por la mañana, cuando cerca de 20 personas ingresaron a la municipalidad para exigir explicaciones. Al no recibir una respuesta satisfactoria, los manifestantes agredieron a un regidor, causaron daños en las oficinas y llevaron a la fuerza a ambas autoridades hasta Ranyac.

Según la Policía Nacional, el burgomaestre y su gerente se encuentran en buen estado de salud. Efectivos de comisarías cercanas y de la Unidad de Servicios Especiales fueron movilizados a la zona para restablecer el orden y garantizar la integridad de los funcionarios.

Alcalde fue retenido por incumplimiento de obras

El general PNP Eloy Lara Bendezú, jefe de la Región Policial Pasco, informó que cerca de 20 pobladores de Ranyac ingresaron a la Municipalidad Distrital de Ninacaca alrededor de las 10:00. La comitiva vecinal solicitó una reunión con el alcalde y el gerente municipal para exigir la ejecución de proyectos en su comunidad.

Al no recibir respuestas satisfactorias por parte de las autoridades, los pobladores reaccionaron con violencia. Dañaron el mobiliario de las oficinas municipales y agredieron físicamente a un regidor. Luego, según el general Lara, llevaron al alcalde y al gerente contra su voluntad hasta la comunidad de Ranyac.

“Han violentado las instalaciones, han dañado el mobiliario y han lesionado a un regidor”, declaró el jefe policial. Añadió que los manifestantes utilizaron coacción y fuerza física para trasladar a los funcionarios a su comunidad, donde continuaron exigiendo el cumplimiento de obras.

Pese a la agresiva intervención, tanto el alcalde como el gerente municipal se encuentran en buen estado de salud, según confirmó la Policía. Ambos permanecían en la comunidad, retenidos, mientras las autoridades buscaban dialogar con los protestantes.

“Hemos tomado conocimiento, vía telefónica, de que el alcalde y el gerente se encuentran bien. Sin embargo, la población los mantiene retenidos, argumentando que la autoridad no ha cumplido con las obras que solicitaban para su centro poblado”, señaló el general Eloy Lara.

Agentes de la comisaría de Ninacaca, con apoyo de personal de comisarías cercanas y de la Unidad de Servicios Especiales (UCE), fueron desplazados hasta Ranyac. El objetivo principal fue liberar a los funcionarios y restablecer la calma en la zona.

La intervención policial también busca recopilar pruebas sobre los daños materiales registrados en la sede municipal. El general Lara indicó que la situación será evaluada legalmente, pues los hechos podrían constituir más de un delito penal.

Manifestantes podrían enfrentar múltiples cargos

Las autoridades manejan como principal hipótesis la comisión del delito de coacción. El general PNP Eloy Lara explicó que los manifestantes obligaron al alcalde y al gerente a actuar contra su voluntad, lo que configura este delito según el Código Penal.

“Están obligando a una autoridad a hacer algo que no está obligado a hacer. Eso es coacción. También evaluamos si podría configurarse como secuestro”, sostuvo Lara. En ambos casos, las sanciones penales son severas, especialmente si se trata de un grupo organizado.

El jefe policial precisó que los daños materiales en las instalaciones municipales también podrían configurar un delito adicional. Las agresiones contra el regidor sumarían otro posible cargo, el de lesiones.

La División de Investigación Criminal (Divincri) se desplazará hasta la zona para iniciar una investigación detallada. El objetivo será identificar plenamente a los responsables y determinar el grado de participación de cada uno en los hechos.

La Policía Nacional también recabará testimonios y evidencias para definir con claridad la naturaleza de los delitos cometidos, en coordinación con el Ministerio Público. Las autoridades buscan que este tipo de actos no queden impunes y se sancionen conforme a ley.