El expresidente Martín Vizcarra fue inhabilitado nuevamente por el Congreso de la República. Esta vez, la sanción aprobada el 11 de junio lo excluye de la función pública por diez años, luego de que el Parlamento aceptara dos pedidos de reconsideración a la votación anterior. En abril, el intento de castigar al exmandatario no prosperó por falta de votos. Sin embargo, la nueva sesión modificó el resultado y se impuso la medida por mayoría.
La decisión del Legislativo responde a la disolución del Congreso ocurrida en septiembre de 2019, acción que fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional en enero del año siguiente. El caso fue retomado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y siguió su curso hasta lograr los votos requeridos. Esta es la tercera vez que Vizcarra recibe una sanción de este tipo, lo que compromete seriamente su intención de regresar a la política
¿Qué se le prohíbe ahora a Martín Vizcarra?
- Tras la decisión del Congreso, el expresidente queda impedido de participar como candidato en cualquier proceso electoral, incluyendo las Elecciones Generales de 2026. Esto abarca la Presidencia de la República, el Congreso, gobiernos regionales, alcaldías y regidurías.
- Tampoco podrá ejercer ningún cargo público, sea por elección o designación: La sanción no solo alcanza a cargos de elección popular. Vizcarra tampoco podrá ser designado en ningún puesto dentro del Ejecutivo, como ministro, viceministro, director general, asesor o funcionario de confianza en cualquier entidad pública. Su inhabilitación abarca todo el aparato estatal, sin excepciones.
- El castigo estará vigente por una década, hasta el año 2035: Esta medida regirá por un periodo de 10 años. Durante ese tiempo, no podrá ocupar ninguna función pública, ya sea en el nivel nacional, regional o local. Su exclusión lo mantiene fuera de todo escenario político y administrativo inmediato.
- Ni cargos de confianza ni entidades adscritas al Estado: Incluso si no se tratara de un cargo electo, Vizcarra no podrá integrarse a organismos descentralizados ni adscritos al Estado, como programas sociales, comisiones multisectoriales, organismos técnicos o agencias públicas. La prohibición es amplia y total para todo rol vinculado al Estado peruano.
El respaldo congresal y los fundamentos legales
La votación realizada el martes 11 de junio alcanzó 67 votos a favor, superando el mínimo requerido. Once legisladores votaron en contra y tres se abstuvieron. Entre las bancadas que impulsaron la sanción estuvieron Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Podemos Perú, Perú Libre y otros grupos parlamentarios.
La denuncia constitucional se basó en el artículo 134 de la Constitución, que regula la disolución del Parlamento. El Congreso consideró que Vizcarra actuó de forma irregular al interpretar que se le había negado la confianza, pese a que el tema abordado –la elección de magistrados del Tribunal Constitucional– no era de competencia del Ejecutivo. Según el informe aprobado, el expresidente tomó esta decisión sin el respaldo oficial del Consejo de Ministros.
Las respuestas de Vizcarra y su defensa legal
Martín Vizcarra participó en la sesión del 30 de abril, cuando se debatió por primera vez esta acusación. Junto a su abogado, Alejandro Salas, sostuvo que la disolución del Congreso tuvo respaldo ciudadano y fue validada por el Tribunal Constitucional.
La defensa alegó que el planteamiento de la cuestión de confianza se ajustó al marco legal y que la medida no buscaba interferir en competencias ajenas, sino garantizar una elección transparente de los magistrados del TC. Pese a ello, el informe final consideró que hubo abuso de poder y vulneración al equilibrio de poderes.
En la sesión del 11 de junio no se permitió mayor debate. Vizcarra no estuvo presente y su abogado criticó que el Parlamento aprobara la sanción sin escuchar nuevas posiciones. Denunció que muchos de los congresistas que votaron no habían asistido al primer debate y acusó al Legislativo de tomar una decisión parcializada.
Otras inhabilitaciones e investigaciones pendientes
El escenario legal de Vizcarra se complica con las sanciones previas. En abril de 2021, el Congreso lo inhabilitó por diez años tras revelarse que se aplicó la vacuna contra la COVID-19 de forma privilegiada. Luego, en mayo de 2022, recibió cinco años más de castigo por mantener vínculos con empresas privadas cuando era ministro de Transportes.
En paralelo, la Fiscalía lo investiga por la compra presuntamente irregular de pruebas rápidas durante la emergencia sanitaria. Según la denuncia, Vizcarra habría favorecido a dos empresas mediante una coordinación previa con altos funcionarios.
El exmandatario también enfrenta un juicio por supuestos sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua. La Fiscalía sostiene que habría recibido pagos ilícitos a cambio de favorecer a empresas constructoras en procesos de adjudicación.
La suma de estas sanciones e investigaciones ha desactivado cualquier plan político de corto plazo. En abril, el Jurado Nacional de Elecciones lo excluyó del padrón de afiliados de Perú Primero, partido con el que buscaba postular en 2026. Desde entonces, su participación política quedó en suspenso.
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