El Perú atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes marcada por una ola creciente de extorsiones, asesinatos y violencia urbana que ha superado la capacidad de respuesta del Estado, reseña un reportaje publicado este martes por The New York Times, uno de los diarios más influyentes del mundo.
El medio describe cómo las pandillas han sembrado el miedo en barrios enteros y han transformado al país en un nuevo epicentro del crimen organizado en América Latina. “Pandillas aterrorizan a Perú en una epidemia de extorsiones”, se titula el artículo.
Las cifras reflejan la magnitud del problema: las denuncias pasaron de unos pocos cientos en 2017 a más de 2.000 al mes en 2024, según datos de la Policía Nacional (PNP). Esta actividad delictiva se ha convertido en un negocio rentable para las bandas, que exigen pagos mediante mensajes de WhatsApp, notas manuscritas o amenazas en persona. La negativa a pagar tiene consecuencias inmediatas: ataques con explosivos, incendios provocados o asesinatos a manos de sicarios.
El diario pone rostro al drama. Jorge Tejada, reciclador en el sur de Lima, ha sido víctima de varios ataques. Su patio fue incendiado después de que se negara a pagar 530 dólares mensuales a una banda local. “Esta era una zona tranquila. Ahora todos vivimos con miedo aquí”, declaró.
La violencia no discrimina. En marzo, un ataque armado acabó con la vida del cantante Paul Flores durante una gira musical. Otros artistas, como Christian Yaipén, también han denunciado haber recibido amenazas. “Somos todos los peruanos los que tenemos que salir a trabajar para ganarnos la vida y no sabemos si volveremos con vida a casa”, dijo.
En los últimos meses, explosivos estallaron en fiscalías, periodistas fueron ejecutados en público y al menos 13 mineros fueron asesinados en una masacre vinculada al crimen organizado. La situación ha generado protestas ciudadanas y advertencias del Banco Central del Perú, que asegura que la ola de extorsiones ya frena la actividad económica.
El Times cuestiona la efectividad de las medidas tomadas por la administración de Dina Boluarte, que ha decretado estados de emergencia y atribuye parte del problema al ingreso de migrantes venezolanos, aunque, como recuerda el artículo, “no hay evidencia de que cometan delitos en tasas más altas que los peruanos”.
“La estrategia de los delincuentes hoy en día es atacar las zonas más vulnerables”, señaló Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho. “¿Y por qué las zonas más vulnerables? Porque allí hay impunidad”. El distrito más poblado de Lima cuenta con solo 600 policías para más de 1,2 millones de habitantes, una cifra muy por debajo de lo necesario.
Eduardo Moncada, politólogo de la Universidad de Columbia y experto en crimen en América Latina, también ofreció una advertencia al diario: “Perú parece estar escalando rápidamente en la clasificación de los países más peligrosos de Latinoamérica. Y esa es una posición difícil, porque es muy difícil volver atrás”, dijo.
La extorsión se ha convertido en una forma de control territorial, no solo por el dinero que genera, sino porque permite a las bandas insertarse en la vida diaria de las comunidades. “Gracias a esta relación extractiva, la mayoría de la población los conoce, y eso les otorga mucha autoridad”, explicó Moncada.
El diagnóstico del diario estadounidense es claro: Perú enfrenta una espiral de violencia criminal alimentada por un Estado debilitado, una justicia ineficaz y una sociedad que sobrevive en medio del miedo y la impunidad. Un país que se acerca peligrosamente a un punto de quiebre.
Cualquier negocio que opere con dinero en efectivo puede convertirse en objetivo de extorsionadores. Ferreterías, discotecas, comedores populares e incluso refugios para animales han sufrido ataques. Expertos indicaron que algunos pandilleros venezolanos, llegados al país durante la reciente ola migratoria, también han influido en el auge del crimen.
La inestabilidad política ha debilitado la respuesta estatal. En los últimos cinco años, Perú ha tenido cinco presidentes, y los escándalos de corrupción han erosionado la capacidad del Estado para garantizar seguridad y servicios básicos. Además, el gobierno de Boluarte y al Congreso son señalados por promover leyes que obstaculizan la lucha contra el crimen.
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