La presidenta Dina Boluarte aprovechó su viaje a Francia para concretar pactos internacionales, aunque esto no fue del agrado de varios políticos. El más polémico ha sido el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ), también conocido como Tratado de Alta Mar.
A pesar de que especialistas, como el investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Roger Merino, han aclarado que este instrumento busca proteger la biodiversidad en alta mar, hay otras personas que se muestran en contra, como un periodista que presentó una denuncia contra la mandataria, por presuntamente comprometes la soberanía de la nación.
La soberanía marítima es un tema controversial en el Perú, ya que se mantiene en la Constitución Política que hay un control de 200 millas, desde el litoral peruano. Por ello, cada intento de que el país se una a la Convención del Mar (Convemar). Este tratado estipula que el mar territorial tiene 12 millas náuticas, mientras que la zona continua posee 24. La zona económica exclusiva (ZEE), tiene 200.
Perú incluso demandó a Chile para establecer límites marítimos. La consigna del primero fue mantener sus 200 millas, lo cual se consiguió luego de más de cinco años de litigio internacional.
Schialer defiende acuerdo
El canciller Elmer Schialer aclaró que la reciente suscripción del Tratado de Alta Mar por parte de la jefa de Estado no implica la entrada en vigor inmediata ni afecta la soberanía sobre las 200 millas marítimas peruanas, ya que el acuerdo debe pasar por revisión y debate en el Congreso de la República.
El Poder Ejecutivo sostiene que la adhesión al tratado refuerza el compromiso ambiental del país y no representa una cesión de dominio marítimo. El canciller enfatizó que la firma se realizó como Estado no parte de la Convemar, y que la Constitución peruana garantiza la soberanía sobre las 200 millas.
“El Ejecutivo firmó este acuerdo como Estado no parte de la Convemar, reafirmando su compromiso con la conservación del océano sin afectar sus 200 millas de dominio marítimo, según lo establece nuestra Constitución”, explicó.
El propósito del tratado es proteger la biodiversidad en las zonas oceánicas fuera de las jurisdicciones nacionales, es decir, en la alta mar, que representa aproximadamente dos tercios de la superficie marítima global. Hasta la fecha, estas áreas carecían de una regulación internacional sólida que permitiera controlar actividades humanas y preservar recursos esenciales.
Además, busca llenar ese vacío legal mediante la creación de mecanismos para establecer áreas marinas protegidas y regular actividades como la pesca industrial, la minería submarina y la bioprospección genética.
La contaminación plástica
Perú busca ser uno de los impulsores del tratado internacional contra la contaminación plástica. Por ello, el gobierno de Dina Boluarte reiteró su interés en alcanzar resultados concretos en la próxima ronda de negociaciones en Ginebra.
Durante una reunión oficial en el marco de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, que se desarrolla en Niza, Francia, la presidenta sostuvo un encuentro con Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
Boluarte reafirmó el compromiso de su gobierno con la sostenibilidad del océano y la protección de las generaciones futuras. En su intervención, subrayó la importancia de avanzar en acuerdos multilaterales que permitan enfrentar los desafíos ambientales que afectan a los ecosistemas marinos.
La jefa de Estado también mantuvo conversaciones bilaterales con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, y con el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh.
El diario oficial El peruano resaltó que estos encuentros tuvieron como objetivo fortalecer los lazos de cooperación entre Perú y otras naciones, así como explorar nuevas oportunidades de colaboración en temas económicos y de desarrollo sostenible.
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