El expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue víctima de un “secuestro administrativo” por parte de funcionarios de Migraciones, asegura su abogado Julio Midolo. Ello al impedírsele viajar a Estados Unidos a pesar de que no tiene, de momento, restricciones o impedimento de salida del país.
“Se les explicó a los funcionarios (de Migraciones) que el 29 de mayo ya se había levantado cualquier restricción contra el señor Pedro Pablo Kuczynski. No tenía impedimento de salida del país desde el año pasado. Entonces, el señor no tenía ninguna restricción para poder viajar. Lo que se ha producido en este caso es que se ha producido un secuestro administrativo contra el señor PPK porque un funcionario de Migraciones está yendo más allá de lo que ha resuelto un juez del Poder Judicial”, protestó Midolo en entrevista con Canal N.
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El letrado precisó que el exmandatario procesado por lavado de activos viajaba a Estados Unidos por dos motivos: visitar a su esposa Nancy Lange, a “la que no ve hace 7 años”, en Wisconsin y “para unos chequeos médicos”. “Luego el señor retornaba el siguiente sábado a Lima”, apuntó.
Julio Midolo aseguró que, como prueba de que PPK supuestamente iba a regresar a Perú, cuentan con los pasajes comprados de ida y vuelta a Estados Unidos. Dijo que dichos boletos los presentará en la audiencia de impedimento de salida del país contra su cliente.
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Finalmente, la defensa de Pedro Pablo Kuczynski adelantó que presentará un habeas corpus porque se habría vulnerado el derecho al libre tránsito y para poder salir del país.
Dictan impedimento de salida
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de 86 años, ha sido impedido de salir del país por 18 meses por decisión de la jueza Margarita Salcedo Guevara. La medida responde a la sospecha de que podría intentar evadir la justicia en el marco de una investigación por presunto lavado de activos durante la campaña presidencial de Peruanos por el Kambio en 2016.
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La jueza fundamentó su decisión en tres puntos clave:
- Evidencia sólida de implicación: Testimonios de colaboradores eficaces, declaraciones de testigos y documentos sugieren que PPK estuvo directamente involucrado en actos de lavado de dinero durante la campaña electoral.
- Gravedad del delito: El delito de lavado de activos conlleva una pena mínima de 8 años de prisión, superando ampliamente el umbral de 3 años requerido para justificar el impedimento de salida.
- Riesgo de fuga: La magistrada destacó un “peligro latente” de que Kuczynski abandone el Perú para eludir el proceso judicial. Este riesgo se sustenta en un reciente intento fallido de viajar a Estados Unidos, frustrado por una alerta migratoria, y en el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales, como el control biométrico mensual y la entrega de documentos solicitados por la justicia. Aunque la defensa de PPK afirmó haber cumplido con estas exigencias, no presentó pruebas documentales que lo acrediten.
La jueza también consideró la capacidad económica del exmandatario, quien percibe parte de los 15,000 soles mensuales como expresidente, lo que le facilitaría costear un viaje al extranjero. Sin embargo, rechazó la solicitud de la Fiscalía de extender el impedimento a 36 meses, optando por un plazo de 18 meses, suficiente para avanzar en la investigación y pasar a la siguiente etapa del proceso penal.
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Además, atendiendo a la edad avanzada de Kuczynski y a la solicitud de su abogado, Julio Midolo, la jueza instó al Ministerio Público a agilizar la investigación, que lleva casi una década sin llegar a una acusación formal. La Fiscalía deberá rendir informes periódicos sobre los avances del caso.
El caso contra PPK
La solicitud de impedimento de salida se enmarca en la investigación contra Kuczynski por presuntos aportes irregulares durante la campaña presidencial de Peruanos por el Kambio en 2016. Según la fiscalía, PPK habría recibido un aporte no declarado de US$100,000 de la empresa CASA, vinculada al “Club de la Construcción”, sin reportarlo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
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El Ministerio Público acusa al exmandatario de implementar un esquema para ocultar el origen de estos fondos mediante el “pitufeo” —depósitos fraccionados en efectivo— y de autorizar informes financieros con datos falsos, incluyendo nombres de supuestos aportantes que no contribuyeron. Estas acciones, sostiene la fiscalía, configurarían los delitos de lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal, permitiendo al partido evitar sanciones.
La investigación se respalda en el testimonio del colaborador eficaz N.° 14-2018, quien afirmó que el expresidente participó en una reunión en su domicilio con representantes de CASA para coordinar el aporte de US$100,000. También se presentan correos electrónicos y registros de obras públicas adjudicadas a CASA durante su gobierno, junto con testimonios que cuestionan la veracidad de los aportes reportados.
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