Casi el 50% de empresas peruanas desconoce las leyes anticorrupción y soborno

La corrupción continúa siendo uno de los desafíos más persistentes y perjudiciales para las sociedades modernas, y el Perú no escapa a esta realidad. Una de sus manifestaciones más visibles y recurrentes es el soborno, una práctica que mina la institucionalidad, erosiona la confianza ciudadana y afecta negativamente al desarrollo económico del país. Frente a esta problemática, el rol conjunto del sector público, privado y de la sociedad civil se vuelve esencial para construir una cultura basada en la integridad.

En este contexto, la Universidad del Pacífico, a través de su Centro de Ética y Gestión Sostenible (CEGES), ha desarrollado el estudio “Estado de las prácticas empresariales contra el soborno en el Perú: segundo estudio (2024)”, con el objetivo de ofrecer una radiografía actualizada y rigurosa sobre cómo las empresas enfrentan este fenómeno.

Diagnóstico empresarial: esfuerzos y vacíos frente al soborno

El estudio, liderado por la directora del CEGES, Matilde Schwalb, y elaborado en colaboración con los profesores María Ángela Prialé y Luis Benites, ambos del Departamento Académico de Administración de la Universidad del Pacífico, se basa en encuestas y entrevistas a altos ejecutivos de empresas grandes, medianas y pequeñas de diversas regiones y sectores económicos del país.

El propósito del análisis es doble: por un lado, medir el grado de implementación de prácticas preventivas contra el soborno dentro de las organizaciones; por otro, ofrecer una base empírica que permita evaluar los avances del sector privado en su lucha contra esta práctica. Además, el estudio busca fomentar acciones coordinadas entre el sector empresarial, el gobierno y la sociedad civil.

Alto desconocimiento normativo: un terreno fértil para la corrupción

Uno de los hallazgos más alarmantes del estudio es el alto nivel de desconocimiento normativo en materia de corrupción y soborno. A nivel nacional, el 52% de los ejecutivos consultados desconoce las leyes anticorrupción vigentes, cifra que se eleva al 56% entre las pequeñas empresas. Asimismo, un 46% de los encuestados no tiene conocimiento sobre iniciativas voluntarias promovidas para combatir estos delitos.

Este desconocimiento está directamente relacionado con el tamaño de las empresas: mientras el 53% de las pequeñas empresas ignora las normativas e iniciativas voluntarias, solo el 32% de las grandes empresas presenta este nivel de desconocimiento. Estos resultados evidencian una clara necesidad de formación y concientización sobre la importancia de adoptar marcos legales y éticos dentro del entorno corporativo.

Estrategias empresariales y percepciones del entorno

El informe también aborda los esfuerzos concretos que implementan las empresas para prevenir el soborno, incluyendo políticas internas, códigos de ética, capacitaciones y mecanismos de denuncia. Sin embargo, estos esfuerzos son desiguales y muchas veces insuficientes frente a las presiones estructurales del entorno.

Una dimensión particularmente reveladora del estudio es la percepción que tienen los ejecutivos sobre el grado de influencia que ejercen diversas instituciones en las decisiones del gobierno. Se incluyen gremios empresariales, grupos económicos, empresas multinacionales, colegios profesionales, sindicatos, medios de comunicación, organizaciones religiosas y ONG. Esta mirada permite comprender mejor el contexto político-institucional en el que operan las empresas y los desafíos éticos que enfrentan.

Índice de Institucionalización del Soborno: una métrica clave para el futuro

Un aporte innovador del estudio es la creación del Índice de Institucionalización del Soborno (ISS), un indicador que mide simultáneamente la percepción del soborno como una práctica normalizada en el entorno empresarial y la efectividad de las regulaciones diseñadas para prevenirlo. Este índice permite visualizar el grado de arraigo que tiene esta práctica en distintos sectores y regiones del país, y sirve como herramienta clave para diseñar políticas públicas más efectivas.

Hacia una cultura de integridad: el rol de todos los actores

El estudio de la Universidad del Pacífico no solo diagnostica, sino que también hace un llamado a la acción. Los investigadores resaltan que el combate al soborno no puede ser asumido únicamente por el Estado. Se requiere del compromiso activo del sector privado, que debe ir más allá del cumplimiento normativo y adoptar una actitud proactiva en la construcción de una cultura empresarial ética.

De igual manera, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia y otras organizaciones tienen un papel crucial para generar presión, fiscalización y conciencia pública. Solo a través de un enfoque articulado y multisectorial será posible erradicar progresivamente esta práctica que tanto daño ha hecho a la confianza en las instituciones y al desarrollo del país.