JNE admitió a trámite pedido de vacancia contra Renzo Reggiardo y otros regidores de MML por millonaria adquisición de trenes

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) encendió una alarma institucional este 28 de mayo al admitir a trámite el pedido de vacancia contra 21 regidores metropolitanos de Lima por una presunta infracción a la Ley Orgánica de Municipalidades. La solicitud, presentada por el ciudadano Carlos Francisco Hinostroza Rodríguez, cuestiona directamente un Acuerdo de Concejo aprobado el 13 de noviembre de 2024, mediante el cual se autorizó una operación millonaria con la empresa estadounidense Caltrain (Operadora Península Corridor Joint Power Board).

El núcleo de la denuncia radica en que los regidores aprobaron la adquisición y traslado de 20 locomotoras EMD F40PH-2, 93 vagones galería y repuestos, por un valor total que asciende a US$ 24′502,915. Según el expediente, al que tuvo acceso el dominical ‘Punto Final’, esta suma incluye tanto la aceptación de la donación (valorada en US$ 7.5 millones) como los costos de remoción y traslado del material ferroviario desde los condados de Sonoma y San José, California, estimados en aproximadamente US$ 17 millones.

El procedimiento fue planteado como una “donación” por parte de la empresa estadounidense, pero el acuerdo también comprometió recursos municipales sin pasar por un proceso de contratación pública convencional, tal como lo reveló Lima Gris. La denuncia planteó, además, que esta maniobra encubre una compra y que el Concejo aprobó un gasto sin tener competencia para ello.

¿Una compra disfrazada de donación?

El sustento principal del pedido de vacancia se encuentra en el artículo 11° de la Ley Orgánica de Municipalidades, que prohíbe a los regidores participar en decisiones de tipo ejecutivo o administrativo, como contrataciones directas, por considerarlas fuera de sus atribuciones. El documento señala que los concejales involucrados “votaron a favor de una adopción claramente contraria a sus competencias”.

En el acta N.° 51 de la sesión extraordinaria del 13 de noviembre de 2024, quedó registrada la exposición del regidor Gagó Pérez, quien advirtió sobre la naturaleza encubierta de la operación. A pesar de sus alertas, el acuerdo fue aprobado por mayoría. Incluso, el alcalde Rafael López Aliaga habría ratificado el carácter contractual del trato, al señalar durante la sesión que “los 24 millones de dólares corresponden al transporte”.

El denunciante también cita como referencia legal la Resolución N.° 0231-2024 del propio JNE, que resolvió un caso similar en el distrito de José Leonardo Ortiz, donde se admitió la vacancia de regidores por decisiones ejecutivas no autorizadas. Según ese precedente, se refuerza la tesis de que la aprobación del acuerdo ferroviario constituiría una causal directa de vacancia.

Un proceso con alto voltaje político

La admisión a trámite por parte del JNE no implica una vacancia automática, pero sí da paso a un proceso formal que pone en aprietos a gran parte del Concejo de Lima, incluidos nombres como Renzo Reggiardo, Fabiola Morales y otros representantes de Renovación Popular.

El auto del JNE ordenó trasladar el pedido de vacancia al Concejo Metropolitano de Lima, que ahora deberá convocar una sesión extraordinaria, notificar a los implicados y seguir el procedimiento legal dentro de los plazos establecidos. La sesión deberá permitir el ejercicio del derecho de defensa de los regidores antes de que se tome una decisión final.

De aprobarse la vacancia en sesión y ratificarse posteriormente por el JNE, los regidores serían reemplazados por sus accesitarios, reconfigurando el panorama político municipal para el resto del periodo de gestión 2023–2026.

Aunque el alcalde López Aliaga no está incluido en la solicitud de vacancia, su implicancia en la sesión del acuerdo cuestionado y su afirmación pública sobre los costos de transporte podría convertirlo en actor clave en la defensa o en futuras indagaciones.

¿Y ahora qué?

Mientras la ciudadanía observa con expectativa el desarrollo del caso, la Municipalidad Metropolitana de Lima deberá enfrentar un proceso complejo, con impacto legal, político y administrativo.