La contaminación del río Rímac, una de las principales fuentes de agua para Lima y Callao, ha alcanzado niveles alarmantes debido a la presencia de metales tóxicos como arsénico, plomo, cobre y cadmio. Según análisis químicos realizados en la cabecera de su cuenca, los niveles de arsénico superan en 203 veces los estándares de calidad ambiental establecidos.
Esta situación ha llevado a representantes de comunidades afectadas a exigir al gobierno peruano que declare al río en emergencia ambiental y tome medidas inmediatas para proteger los ecosistemas y garantizar el acceso a agua limpia. Así lo informó la Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios durante el reciente IV Encuentro Internacional y I Congreso Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios.
Pasivos mineros agravan la contaminación en el Perú
De acuerdo con Betzabé Vásquez, representante de la Coordinadora y comunera del distrito de San Mateo de Huanchor, los resultados de los análisis químicos ya han sido presentados al Congreso, pero las autoridades no han actuado al respecto.
Vásquez enfatizó que esta contaminación afecta directamente a la población, incluida la presidenta del país, quien, según sus palabras, también consume agua con metaloides. Ante la falta de respuesta gubernamental, la Coordinadora ha decidido fortalecer su capacidad de incidencia y articular esfuerzos para visibilizar esta problemática.
El impacto ambiental no se limita al río Rímac. Según Mauro Lalangui, presidente de la Junta Directiva de la Coordinadora, existen más de 6.000 pasivos ambientales mineros registrados por el Ministerio de Energía y Minas, además de otros no documentados oficialmente, que representan una amenaza para las comunidades cercanas.
Lalangui también denunció la criminalización de los vigilantes ambientales y el debilitamiento de instituciones clave como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Desde 2012, más de 58 defensores ambientales han sido asesinados en Perú, la mayoría de estos casos permanecen en la impunidad.
Encuentro ambiental internacional exige soluciones urgentes
La Coordinadora Nacional ha propuesto medidas concretas para enfrentar esta crisis, entre ellas la implementación de un sistema de alerta temprana que permita identificar y prevenir impactos negativos en el medio ambiente.
Alan Contreras, vicepresidente de la organización, explicó que los monitores ambientales, quienes trabajan de manera voluntaria, desempeñan un papel crucial al alertar sobre la contaminación de fuentes de agua y otros problemas ambientales. Contreras destacó que la Coordinadora está organizada en comités regionales y macroregionales y se encuentra en proceso de formalización legal para fortalecer su capacidad de acción.
Además de la contaminación minera, los participantes del encuentro señalaron otros factores que agravan la crisis hídrica, como la falta de educación ambiental, la proliferación de basurales y la descarga de desagües en los ríos.
Crisis ambiental en Perú afecta acceso al agua limpia
Por su parte, Victoria Fernández, monitora ambiental de Santiago de Chuco-La Libertad, hizo un llamado a proteger las cabeceras de cuenca, lagunas y ecosistemas frágiles mediante su declaración como sujetos de derecho y zonas protegidas.
Fernández recordó que el derecho a un ambiente sano está garantizado en la Constitución Política del Perú, pero lamentó que este derecho no se respete en la práctica. También solicitó la remediación de los pasivos mineros y el reconocimiento oficial de los vigilantes comunitarios como parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
La lideresa, además, cuestionó la inacción de las autoridades, subrayando que si las demandas de quienes viven en la capital no son atendidas, la situación es aún más crítica para las comunidades alejadas.
Monitores ambientales denuncian criminalización y abandono
El encuentro, que reunió a delegados de países como Alemania, Bolivia, Colombia, Argentina, Ecuador, México, Guatemala y El Salvador, así como a representantes de regiones peruanas como Puno, Apurímac, Ayacucho, Junín, Piura, Lima, Cusco, Cajamarca y La Libertad, concluyó con un compromiso colectivo de continuar la lucha por la defensa del agua, la vida y los derechos ambientales.
Los participantes elaboraron un pronunciamiento conjunto para visibilizar sus demandas y propuestas, y no descartan realizar movilizaciones para presionar al Estado peruano y a los organismos ambientales a tomar medidas frente a esta crisis.
Entre las propuestas presentadas, se destacó la necesidad de promover políticas públicas que garanticen el acceso a agua limpia y una alimentación libre de contaminación. Los representantes enfatizaron que la protección de los recursos hídricos y los ecosistemas no solo es una cuestión ambiental, sino también un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado.
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