Prohibición de celulares en colegios: ¿en qué grados y zonas se aplicará la norma con más rigor?

El Congreso de la República ha aprobado recientemente el Proyecto de Ley 5532, que establece un nuevo marco regulador para el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en instituciones de educación básica en Perú. Esta normativa, que busca crear un entorno educativo más controlado, tiene como fin mejorar la atención a los estudiantes y reducir distracciones durante el proceso educativo. Además, en medio de este marco, el Ministerio de Educación, liderado por Morgan Quero, ha detallado cómo y dónde esta ley se implementará con mayor rigor.

Aplicación por grados y niveles educativos

La regulación se centrará principalmente en el nivel de educación secundaria, donde el uso de celulares es más prevalente y la exposición a riesgos digitales mayores. En cambio, en el nivel primario, la medida será menos restrictiva, considerando que el uso de dispositivos es menos frecuente y, por tanto, los riesgos digitales son menores. La regulación pretende alinear el sistema educativo peruano con tendencias internacionales observadas en países como Francia y el Reino Unido, donde el uso de tecnología en las aulas ha sido objeto de regulación formal.

Diferencias regionales en la implementación

Desde una perspectiva regional, se espera que las áreas urbanas experimenten una aplicación más estricta de la norma, dada la mayor penetración de dispositivos tecnológicos y el acceso a internet en estas zonas. Estas áreas suelen presentar mayores problemas relacionados con ciberacoso y otras formas de violencia escolar digital. En contraste, en las zonas rurales, donde la infraestructura digital es más limitada, se aplicará de manera más flexible. Morgan Quero destacó la necesidad de adaptar la aplicación de la ley a las distintas realidades del país, asegurando que la normativa no sea punitiva sino adaptativa.

Propósitos de la ley

El nuevo marco legal busca no solo mejorar el rendimiento y la atención en las aulas, sino también reducir el riesgo de ciberacoso o “ciberbullying”. Además, tiene como objetivo abordar el problema del uso excesivo del internet entre los jóvenes y fomentar ambientes de aprendizaje más saludables y centrados. La ley establece que los dispositivos electrónicos solo podrán usarse con fines pedagógicos explícitos, previa autorización de las autoridades educativas, asegurando que tales excepciones sean claramente justificadas y controladas.

Protocolos y campañas educativas

El proyecto de ley exige a los directores de instituciones educativas implementar protocolos específicos para su correcta aplicación, con medidas correctivas equilibradas, que sean proporcionales y progresivas, evitando sanciones excesivas. Se prevé, entretanto, que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud realicen campañas educativas para sensibilizar a estudiantes, padres y educadores sobre el uso adecuado de tecnologías, explorando su impacto en la salud mental y el rendimiento escolar. Estas campañas se diseñarán para promover un uso responsable y consciente de los dispositivos móviles.

Desafíos y expectativas

A pesar del avance obtenido con la aprobación de la ley, su efectividad dependerá de la promulgación por parte del Poder Ejecutivo y de la elaboración de un reglamento detallado dentro de los próximos 60 días. Este reglamento deberá abordar las especificidades de la implementación en diferentes contextos escolares, ofreciendo directrices claras sobre cómo manejar situaciones excepcionales donde el uso de celulares pueda ser pedagógicamente beneficioso.

La discusión sobre el uso de celulares en los colegios no es nueva, y mientras algunos académicos señalan los beneficios potenciales de los dispositivos móviles como herramientas educativas, otros advierten sobre el riesgo de distracción y el deterioro de la calidad educativa y de las relaciones interpersonales. La ley deja la puerta abierta para que cada escuela pueda ajustar sus normas según sus necesidades particulares.

Caba indicar que la medida también ha sido cuestionada. La exministra de Educación, Patricia Correa, señaló a Exitosa Noticias que la norma ha sido aprobada “sin un análisis profundo” y que “no solucionará el problema” como el bullying y la falta de concentración.