El gobernador César Acuña llegó a Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta Dina Boluarte y el alcalde Pataz, provincia donde se confirmó el secuestro y asesinato de 13 mineros. La crisis de inseguridad acosa al norte del país y el líder de Alianza para el Progreso se ha presentado con un par de solicitudes que ya han generado controversia.
“Es un acto que indigna”, dijo sobre el hallazgo de los 13 cadáveres en Pataz para luego recordar que la jefa de Estado no ha cumplido con su compromiso de instalar una base militar en la zona. La solicitud fue respaldada por el alcalde Aldo Mariño dada la ausencia de un cuartel de la Policía Nacional del Perú (PNP). “Espero que impulse lo que el alcalde está pidiendo y que escuche lo que ha pedido el gobernador desde el año pasado. Tiene que ser como el Vraem”, agregó.
Acuña insiste con el pedido del Gobierno Regional de La Libertad de declarar la provincia de Pataz en estado de sitio “como medida extrema pero necesaria para recuperar el control del territorio y erradicar las redes criminales que amenazan la seguridad del Estado”. “Excepcionalmente, creo que justifica”, agregó el principal rostro de APP.
Desde la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén recordó que la Constitución Política del Perú señala que el estado de sitio se declara “en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días”. El texto también señala que al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso.
Paro anunciado
El alcalde de Pataz, Aldo Mariño, anunció un paro indefinido a partir del 5 de junio en respuesta a la masacre de 13 mineros y al incumplimiento de promesas gubernamentales. Los trabajadores, contratados por la empresa R&R, fueron hallados sin vida en un socavón, con signos de tortura y ejecución. Este trágico suceso ha intensificado la crisis de seguridad en la región, atribuida a la minería ilegal y al accionar de organizaciones criminales.
Mariño expresó su frustración por la falta de acción del gobierno, señalando que la presidenta Dina Boluarte no ha cumplido con compromisos previos, como la construcción de una carretera y un hospital en la provincia. Aunque la reunión con la mandataria estaba programada para tratar temas de infraestructura, la gravedad de los recientes acontecimientos ha obligado a incluir la crisis de seguridad en la agenda.
Para visibilizar la situación, el alcalde anunció una caminata desde Tayabamba hasta Lima, iniciando el 12 de mayo, como una manifestación pacífica en busca de soluciones concretas. Mariño también criticó la inacción del primer ministro Gustavo Adrianzén, acusándolo de desinterés ante la violencia que afecta a comunidades humildes.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha sido duramente criticado por su escasa respuesta ante el asesinato de 13 mineros en Pataz. El 30 de abril, Adrianzén cuestionó la veracidad del secuestro de los trabajadores de la empresa R&R. Cinco días después, los cuerpos fueron hallados sin vida en un socavón, con disparos en el cuello. Pese a la gravedad del hecho, el ministro no emitió declaraciones oficiales. Solo publicó en su cuenta de redes sociales el hashtag “#LaMineríaIlegalAsesina” y una imagen del artículo 137 de la Constitución sobre el estado de sitio, sin expresar condolencias ni proponer soluciones concretas.
Enrique Carbonel, padre de una de las víctimas, calificó a Adrianzén de “desgraciado” y “patán” por negar inicialmente el secuestro, aunque la denuncia fue presentada el 29 de abril. Exigió una disculpa pública y la instalación de una base militar en Pataz ante la ausencia de la Policía Nacional. El silencio del premier ha generado indignación entre los familiares de los fallecidos y la población, quienes reclaman acciones reales y mayor empatía por parte del Gobierno.
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