El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) anunció que el centro juvenil “Maranguita”, actualmente ubicado en el distrito de San Miguel, será reubicado fuera de Lima Metropolitana. Esta decisión forma parte de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno tras la reciente fuga de seis internos del establecimiento, ocurrida el viernes 2 de mayo.
El viceministro de Justicia, Juan Enrique Alcántara, confirmó que ya se iniciaron las coordinaciones para que el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima sea reemplazado por un nuevo establecimiento en una provincia del país. “El Ministerio de Justicia y Proinversión han tenido una interesante negociación que nos permitirá un terreno para la construcción del centro”, señaló.
En los planes de las autoridades, el proyecto podría albergar hasta tres mil adolescentes. Sin embargo, Alcántara se negó a revelar la ubicación del futuro centro por temor a la oposición de vecinos.
La reubicación responde a los cuestionamientos por la falta de condiciones adecuadas de seguridad y reinserción en Maranguita. El reciente escape de menores expuso las deficiencias en los controles de ingreso y salida, y ha obligado a las autoridades a reaccionar.
Medidas tras la fuga e investigaciones en curso
Como respuesta inmediata, el Minjusdh ordenó el traslado de un grupo de 29 adolescentes al anexo Ancón I. Los jóvenes fueron considerados de alta peligrosidad tras identificar comportamientos que ponen en riesgo a la seguridad del lugar y aparente implicación en la fuga. “La investigación indica que su presencia en este momento puede simbolizar un peligro de seguridad a todos los jóvenes de acá”, explicó Alcántara. El funcionario indicó que el traslado está amparado por la normativa vigente que permite actuar ante hechos vinculados a amenazas a la seguridad.
Paralelamente, nueve trabajadores del centro fueron detenidos y se encuentran bajo investigación en la unidad policial Depincri. Las autoridades no descartan que estas personas hayan facilitado o encubierto la fuga.
Otra acción adoptada fue la declaratoria de emergencia del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), con el objetivo de agilizar y dotar a la institución de más herramientas legales y presupuestales. El Decreto Supremo contempla un presupuesto de cinco millones de soles para mejorar la seguridad y los controles. Alcántara precisó que esto incluye la concesión del control de ingresos en los centros juveniles, lo que permitirá implementar “arcos de control y mecanismos para evitar el ingreso de material prohibido”.
“No se trata de cambiar a los trabajadores por empresas privadas”, aclaró el viceministro. “Vamos a implementar medidas que refuercen la seguridad, sin dejar de lado el enfoque de reinserción”, agregó.
Municipalidad de San Miguel ya había pedido el cierre
La reubicación de Maranguita se da en un contexto en el que la Municipalidad de San Miguel ya había solicitado formalmente el cierre del centro. Las autoridades distritales argumentaron que la cercanía a residencias representaba un riesgo para la seguridad ciudadana. A través de un comunicado, la comuna calificó la medida como “inaplazable” y pidió al Ejecutivo que se concrete lo antes posible.
Alcántara, por su parte, indicó a la prensa que parte de la demora en la construcción del futuro centro juvenil responde a la necesidad de cumplir con normativas nuevas. “La construcción de centros juveniles demora porque antes no se contemplaba el tratamiento, que ahora es una obligación. Debemos cumplir con todas las normas internacionales de las que somos parte para garantizar la reinserción social”, sostuvo.
Por el momento, el Minjusdh no ha precisado la fecha exacta ni el lugar donde se construirá el nuevo centro, pero reiteró que las acciones adoptadas buscan prevenir nuevas fugas y asegurar condiciones dignas de internamiento. “Le pido a la gente que guarde la tranquilidad, que nosotros estamos trabajando”, concluyó el viceministro.
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