Detectan red criminal en el penal de Huancayo: acusan a personal del INPE de facilitar venta de drogas a cambio de coimas

Una operación conjunta entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la detención de 30 personas vinculadas a dos presuntas organizaciones criminales que operaban en el penal de varones de Huancayo. La intervención se realizó el pasado 24 de abril de 2025 y ha dejado al descubierto una estructura delictiva que, según las primeras investigaciones, involucraría directamente a personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Una de estas organizaciones fue identificada como “La Administración II del penal”, presuntamente conformada por jefes de seguridad, alcaides y agentes de vigilancia. La otra, denominada “Los Proveedores”, estaría integrada por civiles que operaban en conjunto con los funcionarios penitenciarios para facilitar el ingreso, distribución y venta de estupefacientes dentro del centro penitenciario.

Evidencia compromete a trabajadores

En el marco de la investigación, el noticiero 24 Horas difundió videos exclusivos que mostrarían las supuestas transacciones económicas entre los internos y el personal del INPE. En estas imágenes, según fuentes fiscales, se observan entregas de dinero que oscilan entre 10 y 20 soles a funcionarios del penal, quienes a cambio permitirían el ingreso y comercialización de sustancias ilegales.

Estas grabaciones serán presentadas como pruebas clave en el proceso judicial que se sigue contra los involucrados. De acuerdo con la información recabada, los pagos estarían directamente vinculados con la habilitación de espacios para la distribución de drogas en los distintos pabellones del penal.

Además de los videos, las autoridades accedieron a equipos móviles y registros de comunicaciones, elementos que también serán incluidos en la carpeta fiscal. Se busca establecer la jerarquía, roles y responsabilidades de cada uno de los presuntos implicados.

Detención preliminar por 15 días

La Fiscalía solicitó una medida de detención preliminar por 15 días contra los 30 detenidos, con el objetivo de asegurar la continuidad de las diligencias y evitar obstrucción de la justicia. Esta medida alcanza tanto a los funcionarios penitenciarios como a los civiles externos que habrían actuado en coordinación para ingresar los estupefacientes al penal.

Los presuntos delitos investigados incluyen tráfico ilícito de drogas, cohecho y pertenencia a organización criminal. Según el Ministerio Público, existe un patrón de coordinación sostenido entre ambas organizaciones, lo cual habría permitido la operación continua de esta red dentro del penal durante un periodo aún por determinar.

Investigación en curso y nuevas diligencias

Además de las detenciones y el material audiovisual, las autoridades iniciaron un proceso de levantamiento de comunicaciones, lo que permitirá analizar los contactos y posibles rutas de conexión entre los implicados. Esta diligencia busca reconstruir el esquema de funcionamiento de las organizaciones y precisar la magnitud de su alcance dentro del sistema penitenciario.

Se prevé que en los próximos días se convoque a audiencias de control de detención, donde el Ministerio Público presentará los elementos de convicción reunidos hasta el momento. El objetivo es sustentar la solicitud de prisión preventiva y garantizar el desarrollo del proceso penal.

El caso abre un nuevo capítulo sobre la situación de corrupción y crimen organizado dentro de los penales del país. La presunta participación de funcionarios del INPE en redes de narcotráfico internas expone un problema estructural que, según especialistas, requiere medidas urgentes de control y reforma institucional.

A modo de analogía, lo ocurrido en el penal de Huancayo muestra un escenario en el que la propia llave del candado termina facilitando la fuga, no hacia el exterior, sino hacia la consolidación de negocios ilícitos desde dentro.

Próximos pasos

Las diligencias continuarán en los próximos días con declaraciones testimoniales, análisis de celulares incautados y revisión de documentación interna del penal. La investigación está a cargo de fiscales especializados en crimen organizado, con el respaldo de unidades de inteligencia de la Policía Nacional.

Mientras tanto, se espera que el INPE se pronuncie oficialmente sobre los funcionarios investigados y active procedimientos administrativos que podrían derivar en sanciones internas o separación definitiva del cargo, dependiendo de los resultados del proceso penal.