El Vaticano ha admitido este miércoles que la presencia del cardenal peruano Juan Luis Cipriani, sancionado por una denuncia de abuso sexual, ha generado un escándalo previo al cónclave, aunque no precisó si tomará medidas contra él por posibles actos de desobediencia al papa Francisco.
El exarzobispo de Lima, primer purpurado del Opus Dei, enfrenta un precepto penal desde 2019 tras una denuncia de pederastia que permaneció en secreto hasta que fue revelada por el diario El País en enero de este año.
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó en su momento que las medidas disciplinarias correspondían a su actividad pública, lugar de residencia y uso de los símbolos cardenalicios. Sin embargo, Cipriani ha sido visto estos días en Roma con vestimentas propias de su rango, visitando la capilla ardiente del pontífice en la basílica de San Pedro, acudiendo a la tumba papal y participando en congregaciones previas al cónclave.
Aunque ya no puede participar en la elección por haber superado los 80 años, persiste la duda sobre si está incumpliendo el precepto vigente, aunque la Santa Sede no lo ha confirmado por ahora ni ha señalado posibles consecuencias.
El diario español intentó comunicarse con el cardenal a través de su secretario, pero no obtuvo respuesta en 48 horas.
Desacato
Cipriani ya había desobedecido la sanción de Francisco al viajar a Lima en enero último y participar en un acto público donde recibió la medalla de oro de la ciudad de manos del alcalde Rafael López Aliaga, también miembro del Opus Dei. Tras ese episodio, publicó cartas en las que negó las acusaciones, criticó al papa y hasta desafió a la Conferencia Episcopal Peruana.
El vocero del Vaticano ha respondido durante tres días consecutivos a las preguntas de los periodistas sobre el caso. “Todos los cardenales pueden participar en las congregaciones generales”, declaró inicialmente y añadió que la constitución vaticana que regula los cónclaves, Universi Dominici Gregis, es clara al respecto.
Refirió que no proporciona “información particular sobre los cardenales” y que no se puede confirmar si la acción de Cipriani constituye desacato, ya que la información disponible no detalla las sanciones. Al ser consultado sobre la posibilidad de nuevas precisiones, indicó que no hay información adicional por el momento.
Según El País, la autoridad competente para emitir posibles sanciones sería el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re, o el camarlengo, Kevin Farrell, quienes gestionaron el caso del cardenal Angelo Becciu, a quien Francisco quitó los privilegios de purpurado por su implicación en un escándalo financiero por el que fue condenado y que insistía en que podía entrar en el cónclave.
Citado por el diario, Bruni no ha respondido si el colegio de cardenales está evaluando el caso de Cipriani ni si alguno de sus miembros lo ha planteado en las reuniones recientes. Sin embargo, aseguró que los cardenales están al tanto del escándalo que ha significado esta presencia. “Sí, se ha conocido. Si no se ha tomado ninguna decisión sobre este tema, cada uno deberá sacar sus propias conclusiones”, zanjó.
Pedidos de veto
Juan Carlos Cruz, sobreviviente de abuso y miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, ha calificado de “profundamente preocupante” y un “escándalo” la presencia de Cipriani en las reuniones previas al cónclave, por lo que pidió su exclusión de cualquier influencia.
Matthias Katsch, otro sobreviviente y activista, destacó la necesidad de establecer normas claras para tratar con clérigos abusadores. Sarah Pearson, de la Red de Sobrevivientes de Abusos por Sacerdotes (SNAP), también consideró inapropiada su presencia, mientras que el académico Hans Zollner, experto en temas de abusos en contextos eclesiales, instó a los cardenales a actuar si las sanciones no se aplican de manera adecuada.
La Red de Sobrevivientes del Perú señaló que la aparición de Cipriani revictimiza a los sobrevivientes, mientras que la organización Ending Clergy Abuse cuestionó si la Iglesia ha aprendido alguna lección. Por su parte, la ONG Bishop Accountability pidió al Vaticano que prohibiera su participación en las congregaciones, ya que considera que su presencia envía un “mensaje equivocado” sobre la postura eclesiástica frente a los abusos y favorece a los clérigos acusados en lugar de proteger a las víctimas.
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