Cinco miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron detenidos el pasado viernes 25 de abril durante un operativo en el distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa, región Puno, tras ser acusados de presunta extorsión a comerciantes de la zona conocida como “la cachina”.
Los intervenidos fueron identificados como el mayor PNP Carlos Israel Ramos Colque, los suboficiales de primera PNP Ismael Mamani Bellido y Edwin Centeno Merma, así como los suboficiales de segunda PNP Ciro Godoy Condori Llanqui y Ángelo Yuliano Flores Miranda.
De acuerdo con la investigación preliminar, los policías interceptaron en la vía Puno-Arequipa un vehículo que transportaba mercadería de segunda mano. Luego de incautar los productos, los agentes habrían solicitado una suma de dinero a cambio de devolverlos. Ante la negativa de los comerciantes a realizar el pago, los efectivos trasladaron la mercadería a la sede de Aduanas, argumentando que había sido encontrada en estado de abandono.
La denuncia presentada por los afectados motivó la intervención de la Policía Anticorrupción y de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios de Puno. El operativo fue liderado por el fiscal Arturo Saúl Sirena Asensio, en coordinación con la abogada Jennifer Mayra Coila Ibáñez y el coronel PNP Ramos Centeno Valerio, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Puno.

Durante las diligencias, las autoridades encontraron en los vehículos de los implicados una granada, 20 bombas lacrimógenas, ocho casquillos de bala, cinco cartuchos, prendas de vestir y otros objetos relevantes para la investigación. Además, se identificaron también dos camionetas relacionadas al caso: una de placa EPF-499 y otra de placa CAJ-740, esta última perteneciente a Yésica Milagros Gavilano Vásquez.
Los efectivos detenidos fueron trasladados a la sede de la Policía Anticorrupción de Puno, donde permanecerán recluidos por un periodo inicial de 48 horas, bajo custodia mientras avanzan las investigaciones. Al momento del traslado, los agentes cubrieron sus rostros y evitaron responder a las preguntas de los medios presentes.
Otros casos y clima de tensión en Puno
El fiscal Arturo Sirena precisó que la flagrancia del delito permitió la detención inmediata de los policías, y adelantó que se solicitará prisión preventiva en las próximas horas. Asimismo, explicó que se trataría de un presunto caso de cohecho, aunque indicó que no podía brindar más detalles debido a la reserva legal que protege el proceso de investigación.
El operativo comenzó alrededor de las seis de la tarde y se extendió hasta entrada la noche, con diligencias adicionales previstas para los días siguientes. Según las autoridades, el objetivo es recabar toda la información necesaria para sustentar la acusación y evitar posibles filtraciones que comprometan la investigación.
Este nuevo escándalo se suma a una serie de hechos irregulares recientes que involucran a miembros de la Policía Nacional en la región. En Juliaca, siete agentes fueron capturados por su presunta participación en un asalto armado, mientras que otros dos efectivos fueron intervenidos por supuestos actos de extorsión contra una comerciante.

En solo 48 horas, 14 policías han sido implicados en casos que incluyen extorsión, asalto y abuso de autoridad, situación que ha generado una creciente indignación entre los ciudadanos de Puno y Juliaca. Diversos sectores sociales y organizaciones civiles han exigido una depuración urgente en las filas de la policía y sanciones firmes para aquellos que utilicen el uniforme como herramienta para delinquir.
Mientras avanzan las investigaciones y la delincuencia impera en nuestro país, el caso de Santa Lucía se perfila como uno de los más polémicos de los últimos meses en la lucha contra la corrupción policial en el sur del país.
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