La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Liz Patricia Benavides Vargas, exfiscal de la Nación, y el parlamentario José María Balcázar Zelada. Ambos están acusados de los presuntos delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, en perjuicio del Estado peruano. La denuncia fue elaborada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía.
La acusación señala que durante su gestión al frente del Ministerio Público, Benavides llegó un acuerdo con el legislador, a través de sus asesores, para realizar un intercambio de favores de carácter ilícito. Este presunto pacto tenía como objetivo inicial blindarse mutuamente. Mientras Benavides se encargaba del sobreseimiento del proceso penal que enfrentaba el legislador ante la Primera Fiscalía Superior de Apelaciones de Lambayeque, él, como miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, votaría a favor de archivar las denuncias constitucionales presentadas contra Benavides.
De acuerdo a la tesis fiscal, con el propósito de cumplir dicha promesa, Benavides dispuso que el fiscal adjunto supremo Elmer Constantino Ríos Luque viaje a la ciudad de Chiclayo e interceda ante la fiscal superior a cargo del caso, Carmen Graciela Miranda Vidaurre, con el fin de favorecer al congresista. Sin embargo, ya se había emitido un pronunciamiento, por lo que no se pudo concretar lo solicitado.
Frente a ello, entre junio y septiembre de 2023, el congresista habría ofrecido a Benavides Vargas su apoyo político en el Parlamento —como el apoyo a la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ávalos y remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)— a cambio de que se designe a su nuera, Scarlett Anshy Gálvez Campos, como fiscal adjunta provincial. Este pedido habría sido aceptado por la entonces fiscal de la Nación, quien procedió con el nombramiento en el Distrito Fiscal de Lambayeque, a propuesta de la fiscal superior coordinadora del subsistema de Derechos Humanos, Marena Mendoza Sánchez. En este contexto, los fiscales mencionados también están siendo investigados por su posible participación en los hechos.
Testimonios y pruebas del caso
La apertura del caso se dio luego de las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de Benavides. Según su testimonio él también fue uno de los que se comunicó con la fiscal Carmen Miranda Vidaurre, quien tenía la responsabilidad de ratificar o rechazar el requerimiento de sobreseimiento (archivo).
“Buenos Días, Dra. Miranda, le saluda Jaime Villanueva, asesor de la Fiscal de la Nación, cuando pueda, por favor, me devuelve la llamada o me dice para llamarla”, fue el mensaje que el ‘filósofo’ mandó a la doctora el 14 de noviembre del 2022 a través de la aplicación WhatsApp.
De acuerdo a lo mencionado ante las autoridades, el llamado ‘filósofo’ logró contactarse con la abogada. Sin embargo, al igual que con el fiscal Ríos, se negó a beneficiar al parlamentario por el encargo de la fiscal. “Sería resuelto con arreglo a ley”, habría dicho. En respuesta, la fiscal implicada no solo brindó su declaración sino que entregó su celular al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EEFICOP).
Patricia Benavides destituida
En una decisión unánime, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) confirmó la destitución de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, de su cargo como fiscal suprema. Tan es así que la JNJ ya convocó un concurso público para nombrar a un nuevo fiscal supremo titular.
Con su separación, el Ministerio Público solo cuenta con cuatro de los seis fiscales supremos titulares: los doctores Delia Espinoza (Fiscal de la Nación), Pablo Sánchez (Primera Fiscalía Suprema Penal), Zoraida Ávalos (Segunda Fiscalía Suprema Penal) y Juan Carlos Villena (Fiscalía Suprema de Familia). La quinta le pertenecía a Benavies y la sexta, según trascendió, estaría siendo ocupada por el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí.
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