El Frontón: Congreso propone por quinta vez la restauración del penal en la isla frente al Callao

El parlamentario de Alianza por el Progreso, Juan Carlos Lizarzaburu, presentó la quinta iniciativa legislativa para reactivar la cárcel, que lleva cerrada casi 40 años

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El parlamentario de Alianza por
El parlamentario de Alianza por el Progreso, Juan Carlos Lizarzaburu, presentó la quinta iniciativa legislativa para reactivar la cárcel, que lleva cerrada casi 40 años. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

A raíz del aumento de la criminalidad y en medio de una crisis de hacinamiento en los penales de todo el Perú, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu presentó una nueva propuesta para restaurar y volver a utilizar el penal San Juan Bautista ‘El Frontón’, como una forma de aliviar la sobrepoblación de las cárceles del país y trasladar a esta isla a los criminales considerados como los más peligrosos.

El parlamentario de Alianza Para el Progreso (antes en Fuerza Popular), presentó un proyecto de ley declarativo en el que se expresa la “necesidad pública y de preferente interés nacional” la restauración de este centro penitenciario cerca de la costa del Callao y que fue cerrado en 1986 luego de graves casos de violencia, vulneración de derechos fundamentales y presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo, al ser un proyecto de ley declarativa, sus efectos no son vinculantes. Es decir que, en el caso de que esta propuesta se convierta en una ley aprobada por el Pleno del Congreso, incluso con todos los votos a favor de los parlamentarios, la situación del penal ‘El Frontón’ no cambiaría.

La respuesta militar en El
La respuesta militar en El Frontón y sus controversiales resultados. (idl.org.pe / tercerainformacion.es)

Cinco propuestas para reactivar penal ‘El Frontón’

La propuesta del congresista Lizarzaburu es la quinta presentada en el Congreso actual para volver a usar la cárcel ‘El Frontón’. Entre los años 2023 y 2024 ya se presentaron otras iniciativas vinculadas al mismo caso.

El resto de proyectos sobre la reconstrucción del penal para albergar a delincuentes de alta peligrosidad fueron presentados por los congresistas:

“(...) principalmente, para que el citado establecimiento pueda recluir a personas privadas de su libertad, como consecuencia de investigaciones preliminares o condenas relacionadas con delitos graves, tales como: violación sexual, trata de personas, extorsión, secuestro, entre otros. Por otra parte, consideramos que, la mencionada reapertura, podría contribuir a aplacar la actual sobrepoblación penitenciaria”, se indica en el documento presentado por Lizarzaburu.

Minjus evalúa desde el año pasado reapertura de penal ‘El Frontón’

En febrero del 2024, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, indicó que se evalúa una propuesta para reaperturar el penal ‘El Frontón’ a raíz de la propuesta elevada en el Congreso por el congresista Alejandro Soto.

El Frontón fue una cárcel
El Frontón fue una cárcel donde estaban recluidos delincuentes peligrosos desde 1917

La iniciativa, al igual que la de Lizarzaburu, también considera este establecimiento como un posible lugar para albergar a los criminales considerados como los más peligrosos. En ese entonces, los informes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) indicaban que las cárceles del Perú operaban al 130% sobre su capacidad real.

Arana afirmó que cualquier decisión al respecto se basará en un profundo análisis técnico que determinará la viabilidad de esta acción. La atención está puesta en el impacto que podría tener no solo en la gestión carcelaria sino en la sociedad en general, ponderando el costo y el beneficio de tal medida.

¿Qué pasó en ‘El Frontón’?

La cárcel ‘El Frontón’ dejó de utilizarse luego de un motín registrado entre el 18 y el 19 de junio de 1986, durante el primer gobierno del presidente Alan García. Los enfrentamientos fueron liderados por internos que eran integrantes del grupo terrorista Sendero Luminoso y se generó una intervención militar que dejó como saldo más de 170 presos fallecidos y, según denuncias de la época, varios fueron ejecutados extrajudicialmente.

Tras la matanza, el gobierno decidió cerrar definitivamente el penal en 1986, ya que la represión generó una fuerte controversia y críticas internacionales por violaciones a los derechos humanos, incluyendo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2000 que responsabilizó al Estado peruano.