Desde la separación de José Domingo Pérez del Ministerio Público, el fiscal ha permanecido en silencio ante los medios, pero eligió el portal LP Derecho para dar su versión en un extenso y detallado artículo titulado “Mi injusta separación del caso Lava Jato”. En su pronunciamiento, Pérez califica la medida como una acción desproporcionada y carente de sustento legal. “Los fiscales del Ministerio Público han perdido la garantía de inamovilidad”, advirtió, en referencia directa a la decisión tomada por la Autoridad Nacional de Control (ANC).
El fiscal, que llevó adelante algunas de las investigaciones más delicadas del país, remarcó que su apartamiento no solo afecta su labor personal; también vulnera principios constitucionales. “Cuando el asunto afecta a gente poderosa, nosotros (los fiscales) decíamos que en los manuales de crimen organizado el capítulo uno es destruir al fiscal que te investiga”, citó, evocando el testimonio de su par europeo Ignacio Stampa. Con esta frase, Pérez sugiere que su suspensión responde más a un interés político que a una falta real en su ejercicio.
La ANC dispuso el cese temporal de Pérez bajo el argumento de que “a sabiendas” actuó de forma irregular al incluir al abogado Arsenio Oré Guardia en el caso Cócteles. Sin embargo, el fiscal niega rotundamente esta acusación y sostiene que actuó conforme a las instrucciones de sus superiores jerárquicos. “Mi actuación se ha dado en cumplimiento de la legalidad y del deber de acatamiento a la disposición superior del procedimiento de exclusión fiscal”, aseguró.
Presuntos vacíos en la resolución
Uno de los puntos centrales en el documento de Pérez es la falta de “fumus boni iuris”, es decir, de evidencia razonable que justifique una medida cautelar tan severa. “La posible comisión de la falta imputada (…) se encuentra prevista como ‘falta muy grave’”, reconoce. No obstante, niega haber incurrido en ella. “No ha existido en mi accionar la intención (dolo) de infraccionar la norma administrativa sancionadora”, remarcó, añadiendo que su inclusión del abogado Oré Guardia en la investigación obedeció a una orden directa del fiscal superior mediante una disposición formal de 2019.
Además, el fiscal sostiene que la acción de amparo presentada por Oré Guardia no fue dirigida contra su actuación personal, sino contra la decisión de su superior jerárquico. “La acción promovida por Arsenio Oré Guardia se encausó hacia la decisión del Fiscal Superior que dispone que (yo) continúe con la investigación”, escribió.
Otro aspecto que destaca en el pronunciamiento es el impacto personal y profesional que esta medida tiene para un fiscal. Al referirse al caso de su colega Rafael Vela, suspendido en circunstancias similares, Pérez citó una frase suya con preocupación: “Te asfixian con una suspensión. Quedas perjudicado económicamente porque pierdes tu salario, tu seguro de salud, pierdes todo, y, automáticamente a ello, te generan procesos penales, hay campañas mediáticas intensas para desacreditar tu honorabilidad y funcionalidad como fiscal. Todo eso se junta para que no vuelvas al trabajo durante un tiempo prolongado y te veas obligado a renunciar.”.
La suspensión de José Domingo Pérez ocurre en un momento clave de varios procesos judiciales emblemáticos, como el caso Cócteles contra Keiko Fujimori, el proceso contra Susana Villarán y la acusación contra Pedro Pablo Kuczynski por el caso Westfield. Su salida del equipo Lava Jato deja interrogantes sobre la continuidad y profundidad de las investigaciones que sacudieron a la clase política en los últimos años.
Cuestionamientos a la ANC
El pronunciamiento de Pérez no se limita a una defensa personal. En su análisis, traza un paralelismo entre el régimen disciplinario anterior, a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno (FSCI), y el nuevo modelo bajo la ANC. Denunció que, a diferencia del sistema previo, en el que las sanciones eran impuestas por fiscales supremos en ejercicio, ahora las decisiones pueden ser adoptadas por fiscales provisionales designados directamente por el jefe de la ANC. En su caso, fue una fiscal adjunta superior —de su mismo nivel jerárquico— quien firmó la resolución de apartamiento.
Pérez calificó este cambio como un debilitamiento institucional. “Con la llegada del jefe de la ANC al Ministerio Público, los fiscales de carrera han visto peligrar su permanencia e inamovilidad en el cargo”, señaló, en referencia a Juan Antonio Fernández Jerí, actual titular del órgano de control. También cuestionó las motivaciones de su suspensión, indicando que “basta una campaña de estigmatización o desacreditación organizada por algún medio de prensa (…) para suspender al fiscal”.
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