
Durante años, las autoridades peruanas han intentado sin éxito repatriar a un personaje clave en uno de los escándalos más graves del sistema judicial del país. Aunque se dictaron órdenes de captura y se activaron mecanismos internacionales, César Hinostroza Pariachi continúa viviendo libremente en Europa. El exjuez supremo está implicado en el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, una organización criminal que operaba desde las altas esferas del Poder Judicial, y cuya existencia fue revelada a través de audios que expusieron favores ilícitos, nombramientos amañados y redes de poderes ocultos.
El paso del tiempo no ha frenado la polémica. Hinostroza abandonó el país en 2018 y ha logrado mantenerse fuera del alcance de la justicia peruana. Su presencia más reciente fue confirmada en Bruselas, donde ha sido visto en diversas ocasiones realizando actividades cotidianas. La justicia belga aún no ejecuta ninguna acción concreta, lo que deja en evidencia los vacíos en los procesos de cooperación internacional y mantiene abierta una herida institucional en el Perú.
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Seis años fuera del país: el rastro de un prófugo en Bélgica
Durante la última semana de abril, César Hinostroza, exjuez vinculado a la presunta red criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, fue nuevamente ubicado en Bruselas, Bélgica. A través de la cuenta X “Mataperrea”, se difundieron imágenes en las que se observa al prófugo sentado en el restaurante BrewDog, establecimiento ubicado en una de las zonas céntricas de la capital belga.

El post señala que Hinostroza lleva más de seis años evadiendo a la justicia peruana y acusa al actual gobierno de no mostrar interés en su captura. La publicación también hace mención al respaldo político que habría recibido en el pasado, señalando que fue “blindado por el fujimorismo” cuando se destapó el escándalo. A pesar de que sobre él pesa una alerta roja internacional, el exmagistrado continúa desplazándose sin restricciones por territorio europeo.
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El proceso de extradición: un camino estancado
Desde que fue identificado como parte de un presunto criminal rojo dentro del sistema judicial, el Perú ha intentado traer de vuelta a Hinostroza. En 2019, la Audiencia Nacional de España autorizó su extradición parcial por tres delitos, pero el trámite se paralizó mientras se resolvía una solicitud de asilo que él presentó al gobierno español. El pedido fue finalmente denegado en 2021, pero para entonces, Hinostroza ya no se encontraba en territorio español.
Las autoridades peruanas han enviado nuevos requerimientos, esta vez dirigidos a Bélgica, país donde se presume que reside desde hace más de un año. La Cancillería y el Ministerio Público han reiterado la solicitud de detención preventiva con multas de extradición, sin embargo, hasta ahora no hay una respuesta concreta por parte del gobierno belga. El proceso se ha visto afectado por la falta de tratados bilaterales directos, lo que complica la cooperación entre ambas naciones.
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Una vida que estuvo sostenida con fondos públicos peruanos
Durante cinco años, César Hinostroza recibió del Estado una pensión superior a los S/7.800 mensuales, a pesar de estar prófugo de la justicia desde 2018. En total, recibió cerca de S/400.000, a pesar de haber huido del país con una orden de impedimento de salida en su contra. El pago continuó incluso tras su destitución por el Congreso.
Recién a mediados del 2024, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) suspendió el pago al anunciar que el exmagistrado suspendió el pago al anunciar que el exmagistrado se encuentra fuera del país mientras es requerido por un juez. Así lo establece una resolución interna a la que accedió La República, citando el artículo 54 del Decreto Ley 20530, que prohíbe seguir otorgando pensiones en estos casos.
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La red de influencia que aún se investiga
Hinostroza no es un caso aislado. Su presunta participación en la organización ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ lo vincula con una red más amplia que operaba en diversas instancias del Poder Judicial. El Ministerio Público sostiene que esta red facilitaba nombramientos, resoluciones judiciales y favorecía el intercambio de beneficios económicos o políticos. En los audios revelados por la prensa se escucha al exjuez coordinando conversaciones con empresarios, fiscales y otros magistrados.

Aunque algunos implicados ya han sido condenados o enfrentan procesos judiciales en el Perú, otros casos aún siguen bajo investigación. El caso ha derivado en una profunda crisis de credibilidad institucional, con reformas pendientes y un sistema que aún no logra restablecer la confianza ciudadana. Mientras tanto, la presencia de Hinostroza en Europa recuerda que la red aún tiene cabos sueltos y que la justicia, para muchos, sigue siendo esquiva.
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