El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron condenados a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos. Este fallo del Poder Judicial marca un hito histórico, ya que se trata de la primera pareja presidencial en el Perú condenada por cargos relacionados con corrupción.
La condena, dictada por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, tiene un impacto significativo no solo en el ámbito político, sino también en el económico, debido a las severas sanciones que incluyen una millonaria reparación civil a favor del Estado peruano.
El tribunal presidido por la jueza Nayko Coronado Salazar detalló que, además de la pena de prisión, ambos deberán enfrentar una fuerte sanción económica. Este fallo, que abarca el periodo hasta julio de 2039, también incluyó una multa de 100 UIT (unidades impositivas tributarias) para el Partido Nacionalista Peruano, el cual fue vinculado a la campaña presidencial de Humala.
El proceso judicial, que comenzó en 2022, sigue siendo uno de los casos más emblemáticos derivados del escándalo de Odebrecht, la constructora brasileña que admitió haber pagado sobornos a políticos en toda América Latina para obtener contratos de obras públicas.
Condenados deberán pagar millonaria reparación civil
Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó que Humala y Heredia paguen una reparación civil conjunta de 10 millones de soles. Esta medida tiene como objetivo compensar el daño causado al Estado por los delitos de lavado de activos cometidos por ambos. Además, el Partido Nacionalista Peruano, vinculado a las campañas de Humala, fue multado con 100 UIT (unidades impositivas tributarias) debido a su implicación en el caso.
La reparación civil impuesta es una sanción económica relevante que busca restituir parte de los recursos malversados durante las campañas electorales de 2006 y 2011. La antigua pareja presidencial recibió fondos ilícitos de Odebrecht y del gobierno del fallecido Hugo Chávez, dinero que se utilizó para financiar sus campañas. La corte subraya la importancia de que los responsables de este daño económico lo compensen de forma tangible a través del pago de esta reparación.
Como se recuerda, las investigaciones que llevaron a esta condena comenzaron en 2015, antes de que Odebrecht admitiera en 2016 haber entregado sobornos a numerosos políticos en América Latina. En el caso de Humala y Heredia, se determinó que recibieron varios millones de dólares de la constructora brasileña y del gobierno venezolano para financiar sus campañas presidenciales. Ambos fueron considerados coautores del delito de lavado de activos, utilizando estos fondos de procedencia ilícita para sus fines electorales.
Este caso se enmarca dentro de una serie de juicios relacionados con los pagos de Odebrecht a políticos en el Perú. Exmandatarios como Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, y Alan García también enfrentan o enfrentaron investigaciones por vínculos con la constructora brasileña. El proceso sigue su curso, y se espera que más políticos involucrados enfrenten sanciones en el futuro.
Aportes ilícitos marcaron las campaña presidenciales de Humala
Ollanta Humala, quien se postuló a la presidencia en 2006 y ganó en 2011, se vio involucrado en el escándalo de Odebrecht debido a los aportes ilegales recibidos para financiar su campaña. Según las investigaciones, la constructora brasileña Odebrecht habría entregado tres millones de dólares en 2011 para apoyar su postulación. Este dinero fue canalizado por Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, quien declaró que la cúpula de la empresa autorizó el aporte sin que este fuera declarado ante las autoridades electorales, lo que lo convierte en un aporte ilícito.
Aunque no se entregó dinero específicamente a cambio de contratos de obras, el aporte fue considerado como un acto de corrupción dentro de un esquema más amplio de sobornos destinados a influir en decisiones políticas y gubernamentales. Humala y su esposa Nadine Heredia fueron procesados por este caso, lo que los llevó a enfrentar prisión preventiva en 2017 y 2018.
Finalmente, hoy, martes 15 de abril de 2025, la pareja presidencial fue sentenciada a 15 años de prisión por lavado de activos. Este caso es parte de una serie de procesos judiciales relacionados con el caso Odebrecht, que ha implicado a varios expresidentes peruanos.
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