La Comisión de Ética del Congreso de la República recibió la denuncia presentada por un grupo de 16 congresistas encabezado por Milagros Jáuregui de Renovación Popular, quien acusó a Susel Paredes de un presunto incumplimiento del Código de Ética Parlamentaria relacionado con un foro sobre diversidad sexual realizado hace una semana en el Palacio Legislativo.
El evento ‘Diversidad y Derechos: Luchando por la Igualdad y Justicia’, que se desarrolló el pasado 31 de marzo en la Sala Héroes de la Democracia, contó con la participación de unas 30 personas transgénero, algunas de las cuales utilizaron los baños de damas del Congreso. Este hecho ha sido señalado como la razón principal de la acusación presentada ante el grupo de trabajo.
“Denuncia contra la congresista Susel Ana María Paredes Piqué por vulnerar los artículos 2 y 4 del Código de Ética Parlamentaria y los artículos 5 y 8 del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria, al fomentar el uso de baño de damas por personas de sexo masculino, en las instalaciones de Palacio Legislativo”, reza el documento.
Según expresaron los denunciantes, el uso de los servicios higiénicos femeninos por parte de personas trans generó incomodidad entre trabajadoras, periodistas y personal de seguridad del Congreso. Sostienen que esta situación habría vulnerado normas internas y puesto en riesgo la seguridad del personal.
En ese contexto, los denunciantes solicitaron que la Comisión de Ética imponga una sanción de 120 días de suspensión en el ejercicio del cargo, sin goce de haber, contra la legisladora. Suscriben los congresistas: Rosselli Amuruz, Alfredo Azurín, Patricia Chirinos, Vásquez Ciccia, José Cueto, Noelia Herrera, Mery Infantes, Juan Carlos Lizarzaburu, Elizabeth Medina, Esdras Medina, Jorge Montoya, Alejandro Muñante, Norma Yarrow, Jorge Zeballos y María Zeta.
Sobre el dictamen de la indemnidad sexual de niños y adolescentes
El 2 de abril, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen de los proyectos de ley 6505/2023-CR y 8457/2023, impulsados por Renovación Popular, que busca fortalecer el derecho a la indemnidad sexual de niños y adolescentes.
La iniciativa fue respaldada por 104 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones en la primera votación. Según menciona el texto, se busca garantizar el desarrollo integral, la integridad y la dignidad de los menores, protegiéndolos en todos los ámbitos posibles: público, educativo, recreativo, digital y comercial.
La congresista Jessica Córdova Lobatón, presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, señaló que el proyecto refuerza la protección de los menores frente a delitos sexuales y establece la obligación de los medios de comunicación de proteger su identidad.
También propone que las entidades públicas implementen procedimientos obligatorios para prevenir y atender vulneraciones a la indemnidad sexual y aplicar sanciones cuando sea necesario. Además, el Estado deberá crear protocolos interinstitucionales para la detención y atención de casos de abuso, en colaboración con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación y el Ministerio Público.
La propuesta prohíbe la explotación y sexualización de menores en medios de comunicación y exige a los medios adoptar políticas de autorregulación y capacitar a su personal. Asimismo, plantea modificaciones al Código Penal, añadiendo agravantes a los delitos de exhibición y publicación de material obsceno, particularmente cuando la conducta ocurra en presencia de menores o personas vulnerables.
El proyecto fue exonerado de segunda votación con 100 votos a favor, 4 en contra y una abstención.
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