El fiscal provincial José Domingo Pérez logró enviar a la Fiscalía de la Nación el informe sobre la investigación contra Keiko Fujimori antes de ser apartado del cargo por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Este informe, al que accedió Infobae, se le requirió en el marco de las indagaciones que se iniciaron para la eventual declaratoria de ilegalidad de Fuerza Popular por conducta antidemocrática.
En la primera parte del informe, José Domingo Pérez resume y detalla los hechos del caso Cócteles, tales como los presuntos aportes de dinero ilícito, los presuntos actos de lavado de activos, el pitufeo de dinero, el blindaje desde el Congreso a aliados del fujimorismo y la injerencia del fujimorismo en el sistema de justicia (Poder Judicial, Fiscalía y Consejo Nacional de la Magistratura).
En la segunda parte de su informe, el fiscal consigna los hechos relacionados a la investigación que abarca la campaña presidencial de 2021 en adelante, hechos que considera califican como conducta antidemocrática y merecen la declaratoria de ilegalidad del partido Fuerza Popular.
La conducta antidemocrática de Fuerza Popular
Según el informe del fiscal José Domingo Pérez, son 4 actividades que hizo Fuerza Popular que son “contrarias a los principios democráticos”. Estas son:
- Clandestinidad y anonimato en los aportes efectuados por empresarios:
El partido de Keiko Fujimori declaró ante la ONPE más de un millón de soles en especies; sin embargo, la investigación preliminar determinó que en realidad era dinero en efectivo. El objetivo, según la fiscalía, habría sido ocultar el origen real del dinero, así como la identidad de los aportantes “varios de los cuales serían empresarios que controlan personas jurídicas del rubro inmobiliario y de juegos del azar”.
“Estas prácticas son incompatibles con los principios democráticos a los que se refiere el artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos, que exige que las organizaciones políticas actúen con transparencia, respeto al Estado de Derecho y sometimiento a las normas de financiamiento partidario”, se lee en el informe.
- Entregas de dinero en efectivo al partido Fuerza Popular simuladas como aportes en especie
Se descubrió que Fuerza Popular consignó ante la ONPE aportes en especie que en realidad era dinero para impugnar actas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Esta práctica sistemática no solo constituye una vulneración de las normas sobre financiamiento político, sino que socava directamente los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir en un sistema democrático”, se lee.
Y agrega: “La conducta desplegada por Fuerza Popular encaja dentro de las actividades contrarias a los principios democráticos a las que se refiere el artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos (Ley No. 28094), pues dicha disposición busca garantizar que los partidos actúen con sujeción al orden constitucional, respetando el Estado de Derecho y las reglas electorales”.
- Empleo de falsos aportantes para justificar los ingresos a la campaña electoral del año 2021 del partido Fuerza Popular
Múltiples personas que fueron consignadas como aportantes por Fuerza Popular negaron haber contribuido a alguna de las 3 campañas presidenciales de Keiko Fujimori. “Esta situación revela la existencia de presuntos falsos aportantes y encubrimiento de fuentes de financiamiento, lo que configura actividades contrarias a los principios democráticos, conforme al artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos”, se lee en el informe.
- Instrumentalización del fraude electoral como estrategia de captura del poder y deslegitimación del sistema democrático
En su informe, el fiscal José Domingo Pérez hace mención de la narrativa del “fraude electoral” que promovió Fuerza Popular tras conocerse que Pedro Castillo estaba adelante en el conteo de votos. Se recuerda que dicha “campaña de desprestigio generalizada” estuvo dirigida principalmente contra los organismos electorales con el objetivo de desacreditar los resultados.
Esta narrativa del inexistente fraude electoral, dice la Fiscalía, también fue una excusa para captar fondos aparentemente ilícitos, tal como se dejó entrever en las llamadas de Vladimiro Montesinos donde propone sobornar a magistrados del JNE para que resuelvan a favor del fujimorismo.
“Estos hechos configuran con claridad ‘actividades contrarias a los principios democráticos’, conforme lo establece el artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos, toda vez que la narrativa sostenida por el partido político Fuerza Popular, encabezada por su lideresa Keiko Sofía Fujimori Higuchi y con el actuar de sus demás integrantes, sobre un presunto “fraude en mesa” —a pesar de haber sido descartada por todos los organismos electorales y observadores internacionales— no solo constituyó un intento deliberado de desconocer los resultados electorales, sino que además tuvo como finalidad socavar la confianza ciudadana en el sistema democrático, en las instituciones electorales y en el propio principio de soberanía popular”, se lee en el informe.
Finalmente, José Domingo Pérez deja en claro que estas prácticas no son aisladas, sino que se han registrado en las campañas de 2011, 2016 y 2021.
“Se ha demostrado que el partido político Fuerza Popular vulneró de forma grave y reiterada los principios de legalidad, transparencia, participación plural y rendición de cuentas que fundamentan un régimen democrático y, que dicho actuar continua hasta el presente, tal como se procederá a detallar”, concluyó.
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