La Asociación del Gremio Funerario del Perú, que representa a más de 800 empresas del sector a nivel nacional, ha lanzado una advertencia contundente al Gobierno peruano: si no se toman medidas efectivas contra la creciente ola de extorsiones que afecta al gremio, se llevará a cabo un paro nacional de 24 horas. Según informó el medio fuente, la situación es crítica, ya que al menos la mitad de las funerarias del país han sido víctimas de extorsión o han tenido que pagar cupos para evitar represalias.
Los empresarios funerarios enfrentan amenazas constantes que ponen en riesgo no solo sus negocios, sino también sus vidas. Rosa Aranzábal, presidenta de la Asociación del Gremio Funerario del Perú, detalló a 24 Horas Noticias que las extorsiones han alcanzado niveles alarmantes, con montos que oscilan entre los 2 mil y los 20 mil soles, dependiendo de la ubicación de las funerarias. En algunos casos, los pagos son exigidos de manera mensual, lo que genera una presión económica insostenible para los empresarios.
Extorsiones que amenazan la estabilidad del sector
Las extorsiones no solo afectan a los propietarios de las funerarias, sino también a los empleados y sus familias, quienes dependen de estos negocios para su sustento. Un empresario del sector, cuya identidad no fue revelada por motivos de seguridad, expresó su preocupación por el impacto que el cierre de las funerarias podría tener en los puestos de trabajo. “No solamente corremos peligro nosotros. Al cerrar el negocio, ponemos en riesgo los trabajos de muchas personas. Familias enteras dependen de este trabajo”, afirmó.
La situación ha llevado a los empresarios a considerar medidas drásticas para exigir una respuesta inmediata del Gobierno. Según explicó Rosa Aranzábal, si en un plazo de diez días no se observan resultados concretos en la lucha contra las extorsiones, el gremio procederá con el paro nacional. “Nos vamos a unificar todos los gremios que hay en distintos lugares y vamos a hacer fuerza”, declaró.
Operativos policiales y respuesta gubernamental
En respuesta a la creciente inseguridad, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció recientemente el despliegue de 3.717 efectivos de la Policía Nacional del Perú en Lima y Callao, como parte de una estrategia para combatir la delincuencia. Estos operativos han resultado en la captura de 223 delincuentes en 531 intervenciones realizadas hasta el momento.
Sin embargo, los empresarios funerarios consideran que estas acciones aún no han tenido un impacto significativo en su sector. Rosa Aranzábal señaló que esperan ver resultados tangibles en un plazo de una semana a diez días. De no ser así, el gremio procederá con el paro, una medida que busca visibilizar la gravedad de la situación y presionar al Gobierno para que tome acciones más contundentes.
Según Rosa Aranzábal, de las 800 funerarias afiliadas a la asociación, al menos 400 han sido víctimas de extorsión. Además de los montos exigidos, que en algunos casos alcanzan los 10.000 soles por un único pago, los empresarios enfrentan el temor constante de represalias violentas si no cumplen con las demandas de los extorsionadores. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y desesperación entre los afectados, quienes ven amenazadas no solo sus inversiones, sino también sus vidas y las de sus familias.
Un llamado urgente a la acción
El gremio funerario ha dejado claro que su paciencia tiene un límite. Los empresarios esperan que las autoridades actúen con celeridad para garantizar la seguridad de sus negocios y empleados. “Hoy los empresarios funerarios están preocupados y si nada se soluciona en los próximos diez días pararán para hacerle escuchar al gobierno su voz que ruegan no sea tarde”, concluyó el reporte.
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