Las extorsiones a colegios privados en el Perú han encendido las alarmas. Según la Asociación Nacional de Colegios Privados (Anacopri), muchas instituciones educativas han optado por no denunciar por temor a represalias.
“Uno va a la comisaría a hacer la denuncia, pasan dos o tres minutos y te llaman diciendo que has ido a buscar padrinos”, afirmó Guido Quintanilla, presidente de Anacopri. Según su testimonio, esta situación ha generado desconfianza en la Policía Nacional, lo que impide que los colegios afectados reporten las amenazas que reciben.
El Ministerio de Educación ha confirmado 28 denuncias formales, pero Anacopri estima que al menos 177 colegios están en riesgo y que la cifra real de instituciones extorsionadas podría superar las 500.
Las amenazas llegan a través de llamadas, mensajes de texto o visitas de desconocidos que exigen pagos a cambio de no atentar contra la seguridad de los estudiantes y docentes. En muchos casos, los delincuentes parecen tener acceso a información interna de los colegios, lo que genera sospechas sobre posibles filtraciones dentro del sistema de denuncias.
Falta de confianza y respuesta tardía
La desconfianza en la Policía Nacional ha crecido entre los colegios privados debido a la falta de protección luego de las denuncias. Según Anacopri, solo un tercio de los casos llega a ser reportado, mientras que el resto queda en silencio por temor a represalias inmediatas.
“El jefe de policía tiene 25 casos registrados, pero sabemos que en Lima y en todo el país, la cifra es mucho mayor”, señaló Quintanilla. La rapidez con la que los extorsionadores reaccionan tras una denuncia ha generado dudas sobre la seguridad del proceso y sobre quién tiene acceso a la información proporcionada en las comisarías.
El ministro de Educación, Morgan Quero, ha pedido a los directores de colegios que informen cualquier amenaza recibida para que las autoridades puedan actuar con rapidez. Sin embargo, la brecha entre los casos reportados y los que realmente ocurren plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas hasta el momento.
Mientras tanto, los colegios privados enfrentan una decisión compleja: denunciar y exponerse a represalias o guardar silencio y operar bajo amenaza. En un contexto donde las extorsiones siguen en aumento, la respuesta del Estado se vuelve clave para recuperar la confianza y garantizar la seguridad en las instituciones educativas.
Ministro fue advertido hace meses de la ola de extorsiones en colegios
El ministro de Educación, Morgan Quero, fue informado hace seis meses sobre las extorsiones que sufrían diferentes colegios privados en el país. Según Giannina Miranda, presidenta de la Asociación de Promotores de Educación Inicial del Perú (Apeip), esta problemática fue expuesta al titular del Minedu el 12 de septiembre del año pasado durante una reunión. En diálogo con el semanario Hildebrandt en sus trece, Miranda reveló detalles alarmantes sobre este encuentro.
Durante la reunión, representantes de Apeip entregaron a Quero un sobre con ejemplos de los mensajes extorsivos que habían recibido varias escuelas a nivel nacional. Sin embargo, según Miranda, el ministro desestimó la situación, rechazando incluso revisar la documentación presentada. “Ni siquiera abrió el sobre. Lo hizo a un lado”, afirmó. Además, denunció que el titular del sector tuvo una actitud hostil, descalificando a los colegios privados con un comentario ofensivo: “En los colegios privados están los violadores”. La reunión se tornó aún más tensa cuando el ministro increpó a los asistentes por llevar celulares, lo que llevó a los 15 colectivos presentes a retirarse decepcionados.
Desde entonces, las extorsiones a instituciones educativas han continuado y, en algunos casos, han llegado a extremos alarmantes. Escuelas como el colegio Pitágoras de Los Olivos se han visto obligadas a suspender las clases presenciales tras recibir amenazas graves. Un ejemplo ilustrativo de estas intimidaciones es el mensaje enviado por un grupo delincuencial autodenominado “Galeno, brazo armado del ‘mostro’”, en el que imponían condiciones bajo la amenaza de generar violencia contra profesores, estudiantes y familias.
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