¿Qué es el ‘cuarto de guerra’ de Dina Boluarte y cómo se aplicaría el servicio militar y policial obligatorio? Óscar Arriola responde

El teniente general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional (PNP), explicó este jueves las acciones que se desarrollarán en el ‘Cuarto de Guerra’ instalado por la presidenta Dina Boluarte y abordó la propuesta del Gobierno para restablecer el servicio militar y policial obligatorio, una medida suspendida en 1999, cuando se convirtió en voluntario.

En una entrevista con Canal N, el jefe policial señaló que el ‘Cuarto de Guerra’, ubicado en el Palacio de Gobierno, tendrá un rol fundamental en el monitoreo diario de las acciones contra la criminalidad en el país. “Es la preocupación de más alto nivel de la República del Perú en establecer un monitoreo directo todos los días a las 18:00 horas”, indicó.

Arriola precisó que este espacio contará con la presencia de los comandantes generales del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, la PNP, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como de los ministros de Defensa, Economía y Justicia. “Van a participar para reportar los aciertos y desaciertos y cualquier otra novedad que implique una mirada fija y permanente de todos estos procesos”, explicó.

“Seguido a este consejo de guerra, la presidenta estará dando cuenta a la ciudadanía de las novedades. (...) Lo importante es el propósito, el espíritu de lo que se quiere lograr”, dijo antes de resaltar que, en cuanto a la lucha contra el crimen organizado, uno de los cuerpos policiales con mayor conocimiento sobre el grupo criminal conocido como Tren de Aragua es la PNP.

“Desde aquí fueron expertos que han investigado y desarticulado a muchos miembros, de los cuales tenemos 700 en las cárceles”, señaló. El Congreso, por su parte, aprobó días atrás una moción para declarar al Tren de Aragua como organización terrorista, por lo cual se creará una comisión especial que trabajará durante 180 días con el Ministerio del Interior y otros organismos estatales para coordinar estrategias contra su acción criminal.

Servicio militar

En otro momento de la entrevista, Arriola se refirió al plan del Ejecutivo sobre el envío al Congreso de un proyecto de ley para retomar el servicio militar y policial obligatorio. Este anuncio fue realizado después de que Boluarte presidiera una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en Palacio, donde también se acordó la incorporación del personal que haya cumplido con el servicio militar obligatorio a la PNP.

“Nunca ha habido servicio policial obligatorio, pasaría a ser voluntario. Es una propuesta que ya hizo la PNP en 2019, no se logró cristalizar, se copió de Colombia. Dentro de la PNP, que mantiene archivos e información muy sensible, ahí tiene que tenerse un especial cuidado y desde ahí van marcadas las formas, requisitos y funciones dentro de una comisaría”, refirió.

En este contexto, el jefe policial comentó sobre la posibilidad de que el servicio pueda realizarse dentro de comisarías, en lugares destinados para la atención al público, o incluso en tareas de patrullaje. “Hay funciones que sí pueden realizar personas, como una notificación, una aprehensión de información, de tal forma que los policías que están haciendo labor administrativa salgan a las calles”, agregó.

Previamente, Boluarte manifestó que está “pensando seriamente” en proponer la pena de muerte para sicarios y extorsionadores, en respuesta a la ola de violencia que afecta al país. “A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos”, declaró durante la inauguración del año escolar.

Enfatizó, además, que su Gobierno no permitirá que “ningún peruano o peruana que honestamente trabaja” pierda la vida por actos violentos, un pronunciamiento emitido ante el crimen del vocalista de la orquesta de cumbia Armonía 10, Paul Flores, quien fue víctima de un ataque armado de sicarios contra el bus de la agrupación musical. Tras este atentado, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en Lima y Callao.