
Un puñado de seguidores celebró el regreso de Juan José Santiváñez al Perú, pero un enorme porcentaje de ciudadanos y ciudadanas reclama su salida del Ministerio del Interior. Así lo ha confirmado una reciente encuesta de Ipsos que revela que el 83% de peruanos considera que el titular del Mininter no debe seguir en el cargo.
A nivel nacional, solo 10% de encuestados cree que Santiváñez debe permanecer en el cargo que ocupa desde el 16 de mayo de 2024. En Lima, la cifra sube hasta 86% de ciudadanos que cuestionan su idoneidad para el puesto mientras que al tratarse del resto de regiones del país se registró 82%.
¿La situación de la seguridad ciudadana en el país ha mejorado, ha empeorado o está igual?, se les preguntó a los encuestrados. 60% asegura que ha empeorado, 35% considera que está igual y un reducido 3% dice que ha mejorado. La cifras son similares cuando se diferencia a los encuestados de Lima y el resto del Perú.

Los resultados de la encuesta con relación a la aprobación de Juan José Santiváñez tampoco son favorables. Si bien su desaprobación bajó tres puntos de enero a febrero, para marzo volvió a subir hasta el 77% de ciudadanos que cuestiona la labor que realiza. Su aprobación, en cambio, se mantiene en 6%.
El ministro Santiváñez no ha estado libre de polémicas, se le investiga por presunto abuso de autoridad y durante las últimas semanas ha sido cuestionado por el presunto soborno a jueces para favorecer a sus clientes cuando se desempeñaba como abogado. 82% de la ciudadanía cree que las acusaciones en su contra son reales y deben ser investigadas. Solo el 9% las califica de falsas y el mismo porcentaje dice no precisar sobre el caso.
La promesa de renuncia
La decisión del gobierno de Dina Boluarte de declarar en estado de emergencia diversos distritos de Lima fue duramente cuestionada. Por su parte, Juan José Santiváñez fue uno de sus más férreos defensores llegando a prometer que renunciaría a su cargo de no cumplir con los principales objetivos de la medida.

“Yo estoy convencido y creo que tiene que resultar”, dijo a finales de septiembre; sin embargo, casi medio año después, la ola de extorsiones continúa agobiando a los comerciantes, los casos de sicariato se reportan a diario y la ciudadanía empieza a cuestionar los efectos del llamado estado de emergencia.
Ministro cuestionado
El ministro del Interior del Perú, Juan José Santiváñez, enfrenta múltiples investigaciones por presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad. El 2 de marzo de 2025, el programa “Cuarto Poder” presentó testimonios de dos testigos protegidos que acusaron a Santiváñez de sobornar a jueces y fiscales para favorecer a sus clientes cuando ejercía como abogado.
Uno de los casos involucraba al general PNP Héctor Javier Petit Amesquita, a quien supuestamente solicitó S/. 64,000 para evitar medidas coercitivas en su contra por compras irregulares durante la pandemia de COVID-19. Otro testimonio indicó que Santiváñez pidió $60,000 para “arreglar con los jueces” en el caso del “Escuadrón de la Muerte”, mencionando a la jueza Emma Benavides como su “persona de confianza”.
Tras la emisión del reportaje, Santiváñez negó las acusaciones en una entrevista en el mismo programa. Sin embargo, sorprendió al revelar que conocía el contenido del reportaje antes de su emisión, mostrando una transcripción completa en su celular. Esto generó cuestionamientos sobre cómo obtuvo dicha información.
Asimismo, Santiváñez ha sido acusado de intentar cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) por presiones políticas y de intimidar al periodista Marco Sifuentes, utilizando fondos públicos para su defensa en este último caso.
La presidenta Dina Boluarte ha respaldado a Santiváñez, acusando a la Fiscalía de intentar dar un “golpe de Estado blanco” en complicidad con la prensa. Estas controversias han generado una creciente presión política y social sobre el ministro, mientras las investigaciones continúan su curso.
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