Fiscalía incautó dos barras de oro valuadas en 1,4 millones de dólares por presuntos vínculos con minería ilegal y lavado de activos

Las operaciones para frenar la minería ilegal en el país vienen tomando un nuevo impulso con la incautación de dos barras de oro, valorizadas en más de 1,4 millones de dólares. La Primera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima llevó a cabo la medida, en coordinación con otras entidades gubernamentales.

El material, con un peso total de 15,07 kilogramos, quedó inmovilizado en octubre de 2024 por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), luego de identificar inconsistencias en la documentación presentada por la empresa Inversiones Musillo & Rosice EIRL. Posteriormente, el Juzgado de Extinción de Dominio del Callao ratificó la medida el 17 de febrero de este año.

La revisión de documentos vinculados a la empresa permitió detectar elementos que apuntaban a una posible vinculación con actividades ilegales. Según la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios, “las sospechas de la comisión de actos ilícitos fueron corroboradas con la información recabada de Registros Públicos, Sentinel, Migraciones, entre otras entidades”.

El equipo de investigación, liderado por el fiscal provincial Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre y el fiscal adjunto Wilfredo Kennedy Domínguez Romero, sigue recopilando información para determinar la ruta del oro incautado y las conexiones con una presunta red criminal.

Operativos en múltiples regiones

Durante la segunda quincena de febrero, las fuerzas del orden ejecutaron 45 operativos en 14 regiones del país. La Policía Nacional del Perú (PNP), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) participaron en estas acciones, que resultaron en la destrucción de bienes usados en la minería ilegal, por un valor superior a 123.5 millones de soles.

Las intervenciones, realizadas entre el 16 y el 28 de febrero, se concentraron en áreas donde la actividad minera sin autorización tiene mayor impacto, como Madre de Dios, La Libertad, Huánuco y Amazonas. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, declaró que el gobierno mantiene su compromiso con la erradicación de esta actividad ilícita. “Seguiremos desplegando operativos en diferentes partes del país para llevar ante la justicia a quienes persisten con estas prácticas ilegales”, afirmó.

Uno de los casos más relevantes se dio en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, donde se incautaron bienes con un valor estimado en más de 72 millones de soles. En estos operativos, se destruyeron maquinarias, vehículos, motores, tanques de combustible y herramientas utilizadas en las actividades mineras sin autorización.

Impacto de la minería ilegal

La minería sin regulación sigue en expansión en diversas regiones del país. De acuerdo con la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, esta actividad genera aproximadamente 12 mil millones de dólares anuales. Se estima que más de 300 mil personas participan en la extracción y comercialización de oro sin cumplir con las normativas establecidas.

Las zonas con mayor incidencia incluyen Madre de Dios, La Libertad, Puno, Cusco y Áncash. En algunos campamentos, un gramo de oro puede venderse por 320 soles, lo que convierte a la minería ilegal en un negocio altamente rentable. Se calcula que cada mes se extraen hasta cuatro kilos de oro, lo que representa ingresos ilícitos que superan el millón de soles.

La minería ilegal no solo tiene efectos ambientales y económicos, sino que también está relacionada con el tráfico de drogas. Esta conexión, conocida como “narcominería”, ha sido objeto de investigaciones en los últimos años.

El fiscal Federico Chávarry informó que las pesquisas asociadas a la minería ilegal han crecido un 50% desde mayo de 2024. En la actualidad, se registran más de 7 mil 200 casos en curso, en los que se investiga el vínculo entre el comercio ilegal de oro y el financiamiento de redes criminales.

Las autoridades continúan con el despliegue de estrategias para frenar estas actividades y reforzar los mecanismos de control en las zonas de mayor incidencia.