Congreso posterga restitución de detención preliminar pese a crisis de inseguridad: tema queda fuera de la agenda del Pleno

A pesar del compromiso del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, de priorizar el debate sobre la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia, la propuesta no será abordada en la primera sesión del Pleno de marzo. La Junta de Portavoces decidió no incluir el tema en la agenda.

Según el documento oficial difundido por los canales institucionales, la lista de ‘insistencias’ a debatir solo contempla dos dictámenes: uno de la Comisión de Educación y otro de la Comisión de Defensa. Cabe recordar que, a inicios de febrero, la Comisión de Justicia aprobó por insistencia el dictamen de la norma, desestimando las observaciones formuladas por el gobierno de Dina Boluarte.

Con esta decisión, el Congreso sigue postergando la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia, a pesar de la creciente crisis de inseguridad que enfrenta el país.

A través de un oficio dirigido a Eduardo Salhuana, la congresista Susel Paredes solicitó que el debate y votación sobre la restitución de la detención preliminar sean incluidos en la sesión del jueves 6 de marzo. Ahora, la decisión recae en Salhuana, quien deberá convocar a la Junta de Portavoces para evaluar si el tema será incorporado en la agenda.

En su solicitud, Paredes argumentó que el Ministerio Público ha advertido que la eliminación de la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia “limita la capacidad de los fiscales para actuar en investigaciones delicadas”, lo que podría afectar el combate contra la criminalidad y la corrupción.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia y congresista de Perú Libre declaró a RPP que desconocía los temas en agenda y que también solicitaría la inclusión de la votación de la norma en el debate del Pleno.

“Todavía no me han notificado. Esto debe salir cuanto antes, muchos están esperando. Vamos a hacer el pedido para que puedan agendarlo de una vez, porque este tema se tiene que resolver”, comentó.

Sin embargo, fuentes citadas por La República señalaron que, durante la Junta de Portavoces, ningún vocero mencionó la restitución de la detención preliminar como un tema a tratar en la agenda.

¿Cuál fue el compromiso de Eduardo Salhuana?

El 21 de febrero, en declaraciones a los medios, el presidente de la Mesa Directiva anunció que uno de los primeros temas a tratar en marzo, con el inicio de la segunda legislatura 2024-2025, sería el dictamen de insistencia de la ley que propone restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia.

“Yo asumo mi compromiso, que uno de los primeros temas que vamos a ver en la primera sesión de marzo va a ser restituir la detención preliminar”, afirmó.

En esa línea, Salhuana destacó la necesidad de que las instituciones del Estado trabajen de manera coordinada en la lucha contra la delincuencia, en alusión a los constantes enfrentamientos entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior.}

“Uno de los requisitos centrales para luchar contra la criminalidad es que todo el sistema de justicia, todo el sistema público, esté trabajando de manera ordenada, colectiva, con un mismo criterio, una misma estrategia y un mismo plan de trabajo”, manifestó.

La detención preliminar: una medida en espera

El Congreso ha sido criticado por no actuar con celeridad en la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Esta figura legal fue eliminada en diciembre, pero ante las críticas, los congresistas se vieron obligados a retroceder. Sin embargo, una vez que se aprobó la restitución fue el gobierno de Dina Boluarte, el que se demoró en promulgar la norma.

Esta situación ha generado preocupación entre autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público y expertos en seguridad.

El coronel Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú, ha sido uno de los críticos más vocales de la eliminación de esta medida. Colchado y otros especialistas consideran que la ausencia de esta herramienta representa un retroceso significativo en la lucha contra la criminalidad, ya que limita la capacidad de las autoridades para actuar en casos donde no se sorprende al delincuente en flagrancia.