La migración venezolana también trae consecuencias en la economía peruana. Según un estudio presentado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Lima, los migrantes y refugiados provenientes de Venezuela estimaron un aporte aproximado de 530 millones de dólares (506 millones de euros) a la economía nacional en 2024. Este impacto económico equivale al 1,35 % de los ingresos fiscales totales del país.
Aunque el porcentaje a los ingresos fiscales puede parecer modesto, representa una inyección importante de recursos para el Estado peruano, especialmente en un contexto en el que los países de la región enfrentan desafíos económicos significativos, menciona el documento.
El informe detalló que del gasto proveniente de estos extranjeros un 96,1 % permanece dentro de las fronteras peruanas, mientras que solo un 3,9 % se destina al envío de remesas a sus países de origen. Este dato refuerza la idea de que la comunidad migrante no solo busca establecerse en el país, sino que también contribuye activamente al dinamismo de su economía local.
Diego Beltrand, enviado especial de la OIM para la Respuesta Regional a los flujos de Migrantes y Refugiados, destacó el papel de la migración en las economías receptoras. “La migración actúa como un poderoso catalizador del desarrollo y este estudio brinda evidencia contundente de cómo se puede estimular el progreso económico y social en las naciones de acogida”, afirmó en un comunicado oficial.
De acuerdo al estudio “Migración e incidencia delictiva en el Perú”, de la OIM, las denuncias contra la población migrante venezolana han mostrado una tendencia decreciente en los últimos años, a pesar del aumento general de denuncias policiales en el país. Este fenómeno contrasta con el crecimiento sostenido de la población venezolana en Perú, que en 2023 representa al menos el doble de la registrada en 2018 y cerca de 20 veces más que en 2017.
Los datos revelan que en 2023, los peruanos fueron denunciados 4 veces más que los venezolanos por delitos patrimoniales (robo, hurto y extorsión): 98 de cada 100 mil venezolanos fueron acusados en comparación a 412 de cada 100 mil peruanos. Asimismo, 18 de cada 100 mil ciudadanos venezolanos recibieron denuncias por delitos contra la libertad, incluido violación sexual, una cifra menor en relación con los 111 de cada 100 mil peruanos denunciados por este crimen.
La organización también destacó que la plena regularización de los migrantes y refugiados venezolanos, junto con su integración en el mercado laboral formal, podría generar un impacto fiscal significativo. Según el organismo, esta contribución podría ascender a cerca de 797 millones de dólares al año, lo que representaría aproximadamente el 2% de los ingresos fiscales totales del país receptor.
De acuerdo con el informe de la OIM, presentado en diciembre del 2024, el 81% de los venezolanos en edad laboral ya se encuentra empleado. Sin embargo, una gran parte de ellos trabaja en el sector informal, pese de que casi la mitad de los migrantes y refugiados venezolanos, un 49,3%, cuenta con títulos de educación superior. Aun así, solo el 9,5% de ellos logra desempeñarse en su área de especialización.
¿Aumentó la criminalidad en Perú con la llegada de los venezolanos?
De acuerdo al estudio “Migración e incidencia delictiva en el Perú”, de la OIM, las denuncias contra la población migrante venezolana han mostrado una tendencia decreciente en los últimos años, a pesar del aumento general de denuncias policiales en el país. Este fenómeno contrasta con el crecimiento sostenido de la población venezolana en Perú, que en 2023 representa al menos el doble de la registrada en 2018 y cerca de 20 veces más que en 2017.
Los datos revelan que en 2023, los peruanos fueron denunciados 4 veces más que los venezolanos por delitos patrimoniales (robo, hurto y extorsión): 98 de cada 100 mil venezolanos fueron acusados en comparación a 412 de cada 100 mil peruanos. Asimismo, 18 de cada 100 mil ciudadanos venezolanos recibieron denuncias por delitos contra la libertad, incluido violación sexual, una cifra menor en relación con los 111 de cada 100 mil peruanos denunciados por este crimen.
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