Presentan otra denuncia constitucional contra Fiscal de la Nación y piden su inhabilitación por 10 años

La congresista Yorel Kira Alcarraz (Podemos Perú) interpuso una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La acusación está vinculada con el polémico caso de la doble percepción de sueldo que afecta a varios congresistas militares, una situación que ha generado fuertes críticas y acusaciones de corrupción en el sector público.

La parlamentaria acusa a Espinoza de haber infringido la Constitución Política del Perú y de ser presunta autora de delitos contra la administración pública, específicamente en la modalidad de abuso de autoridad. Además, le imputa la comisión del delito de prevaricato, señalando que su actuación fue inapropiada y contraria a la ley.

Como consecuencia de estas acusaciones, Kira solicita que se inhabilite a la fiscal por un período de diez años, impidiendo que ejerza funciones públicas.

Denuncia de la fiscal Espinoza

Este enfrentamiento legal tiene su origen en la denuncia presentada por la propia fiscal Delia Espinoza a finales de enero, cuando la Fiscalía de la Nación interpuso una acusación constitucional ante el Congreso contra once legisladores, todos ellos militares en retiro. Los congresistas involucrados en la denuncia son: José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez.

La denuncia, formalizada a través del Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía, está relacionada con las presuntas acciones indebidas de estos legisladores en su calidad de miembros de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, durante el periodo 2021-2022.

Según la Fiscalía, los congresistas habrían actuado de manera incompatible con sus funciones al interesarse indebidamente en la aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.º 319/2021-CR, conocido como el “proyecto de doble percepción”.

Este proyecto permitía que los congresistas, en su doble condición de funcionarios públicos y pensionistas de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú, recibieran simultáneamente tanto un sueldo como una pensión, lo que generó una amplia polémica sobre la legalidad y moralidad de tal práctica.

Acusaciones de abuso de autoridad

La congresista Yorel Kira Alcarraz, al presentar su denuncia constitucional, aseguró que la fiscal Delia Espinoza actuó de forma ilegal y arbitraria al presentar la denuncia contra los legisladores. Según Kira, las acciones de Espinoza infringieron la Constitución Política del Perú y violaron principios fundamentales del derecho, lo que podría considerarse como un abuso de autoridad por parte de la fiscal.

Además, la parlamentaria acusa a Espinoza de prevaricato, un delito que implica la emisión de una resolución o sentencia contraria a la ley. En este caso, Kira sostiene que la fiscal actuó de manera incorrecta y sin fundamento legal al proceder con la denuncia contra los congresistas sin un sustento suficiente para hacerlo.

En su denuncia, Kira solicita que se inhabilite a Delia Espinoza para que no pueda desempeñar funciones públicas durante un período de diez años, como sanción por los presuntos abusos cometidos en el ejercicio de su cargo.

Ministro del Interior también denunció a Fiscal

Esta no es la primera acusación que se realiza contra la titular del Ministerio Público. El pasado 17 de febrero, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tomó la decisión de presentar ante el Congreso una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, por presuntamente difundir información de una investigación seguida en su contra.

En este documento, se solicita que la fiscal Espinoza sea inhabilitada de ejercer un cargo público por 10 años, además de acusarla de presuntamente haber cometido el delito de abuso de autoridad “en perjuicio del orden constitucional y una recta administración de justicia, perturbando la idoneidad en el ejercicio funcional que atenta contra el Estado de Derecho”.