Seis integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) permanecen detenidos mientras avanzan las investigaciones por una denuncia de presunto robo agravado y concusión en el distrito de Los Olivos, en Lima. El caso involucra a un empresario que acusó a los efectivos de sustraer dinero de su vivienda y exigirle un pago adicional.
La investigación busca determinar la participación de cada uno de los agentes en los hechos denunciados. El Poder Judicial autorizó siete días de detención preliminar para facilitar las diligencias del Ministerio Público y la recopilación de elementos probatorios.
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La defensa de algunos de los intervenidos rechaza las acusaciones y sostiene que sus patrocinados participaban en un operativo policial relacionado con un presunto intento de robo a una entidad bancaria. Además, uno de los abogados indicó que su clienta obtuvo un resultado negativo en una prueba con reactivos aplicada durante las diligencias.
El ministro del Interior, César Astudillo, se pronunció sobre las medidas que corresponden frente a los efectivos implicados en presuntos actos delictivos. Según lo expuesto por las autoridades, los agentes podrían recibir penas de prisión efectiva no menores a ocho años si se acreditan los delitos, además de su separación definitiva de la institución.
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Poder Judicial autorizó siete días de detención preliminar
La medida judicial responde a la solicitud presentada por el Ministerio Público en el marco de la investigación por robo agravado y concusión. De acuerdo con la información difundida, el juez de la etapa de investigación preparatoria declaró fundada la petición para mantener detenidos a los seis policías durante siete días.
Los efectivos permanecen bajo custodia en la Dirección contra la Corrupción de Lima Norte, donde continúan las diligencias relacionadas con la denuncia del empresario.
Según la acusación, los agentes habrían sustraído seis mil soles de la vivienda del denunciante y posteriormente le habrían exigido otros cien mil soles. La investigación deberá establecer las circunstancias de los hechos y la responsabilidad individual de los involucrados.
El plazo de detención preliminar vence el lunes 26 de octubre a la una de la tarde. Hasta ese momento, las autoridades tienen previsto continuar con las actuaciones correspondientes.
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Defensa de los policías cuestiona las acusaciones
Los abogados de algunos de los efectivos sostienen que sus patrocinados se encontraban juntos durante un operativo policial relacionado con un presunto intento de robo a un banco de la zona. Esta versión forma parte de los argumentos presentados por la defensa frente a las imputaciones.
Entre las diligencias figura una prueba con reactivos aplicada a billetes. Según la información difundida, dos de los policías obtuvieron resultados positivos.
Un abogado que representa a una de las intervenidas señaló que su clienta, identificada como una técnica de iniciales L.S., obtuvo un resultado negativo. También sostuvo que las personas denunciantes manifestaron que no conocían a su patrocinada y que no la habían visto participar en los hechos.
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Estos argumentos corresponden a la versión de la defensa y deberán contrastarse con los elementos reunidos durante la investigación. La detención preliminar no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad.
Ministro del Interior descarta respaldo institucional a los implicados
El ministro del Interior, César Astudillo, se refirió a la conducta de los agentes investigados y marcó una diferencia entre la solidaridad institucional con el personal policial que cumple sus funciones y el respaldo a quienes presuntamente utilizan el uniforme para cometer delitos.
“Con ellos no hay ningún espíritu de cuerpo y serán expulsados y serán sancionados y puestos en las autoridades que correspondan”, declaró el titular del sector, según el informe televisivo.
La posición expresada por Astudillo contempla medidas administrativas contra los efectivos implicados, además de las consecuencias que puedan determinar las autoridades judiciales. La eventual separación de la PNP corresponde a una vía distinta de la investigación penal, en la que se deberá establecer si existen pruebas suficientes para atribuirles los delitos denunciados.
Más de 1.500 policías estarían involucrados cada año en delitos
El general en retiro Carlos Tuce, exdirector de investigación de la Inspectoría General de la Policía, señaló que más de 1.500 efectivos estarían involucrados anualmente en distintas comisiones de delitos.
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De acuerdo con las cifras que expuso en el reporte, una parte importante de los casos involucra a oficiales y suboficiales que ingresaron recientemente a la institución. También indicó que más de 200 efectivos pasan al retiro y que solo entre el 2% y el 3% consigue reincorporarse a la Policía por la vía judicial.
Tuce explicó que los procedimientos penales y administrativos disciplinarios funcionan por separado. En el ámbito penal, los investigados pueden enfrentar una condena si se acredita su responsabilidad; en el administrativo, la institución puede disponer su separación definitiva conforme al procedimiento correspondiente.
En el caso de Los Olivos, la posible pena de prisión efectiva no menor a ocho años dependerá de la acreditación de los delitos imputados y de la decisión de las autoridades judiciales. Mientras tanto, las diligencias continúan dentro del plazo de detención preliminar autorizado para los seis efectivos.
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