“¡Escuchamos la preocupación de la ciudadanía respecto a la inseguridad ciudadana!” Con estas palabras, el Congreso de la República promocionaba el foro internacional “Unidos contra el crimen”, un evento en el que participarán representantes del Ejecutivo, empresarios y expertos de países como El Salvador y Colombia. En este encuentro se intercambiarán ideas y estrategias para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana.
En el video promocional del evento, se muestran imágenes de hechos delictivos recientes, que han afectado a los peruanos en los últimos meses. El Congreso enfatiza que, especialmente durante la gestión de Eduardo Salhuana, se han desarrollado mesas de trabajo con el objetivo de armar estrategias más efectivas para combatir esta problemática.
Sin embargo, mientras el Parlamento recibe al embajador de El Salvador en Perú, a su ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, y a otros representantes del sector empresarial, hay una petición importante que ha sido ignorada: la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia.
Autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público, así como expertos en seguridad y exministros del Interior, han alertado que la eliminación de esta figura legal representa un grave retroceso en la lucha contra la criminalidad. Uno de los más firmes críticos de esta norma es el coronel PNP Harvey Colchado, ex jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), quien fue dado de baja durante la gestión de Juan José Santiváñez.
“¿Cómo creen que se neutraliza el crimen, si al policía altamente especializado le han quitado sus principales herramientas? Es como pedirle a un cirujano que opere sin bisturí, a un bombero que apague un incendio sin agua o a un soldado que luche sin armas”, escribió Colchado en sus redes sociales.
Sin embargo, los meses han pasado. Aunque en diciembre el Congreso retrocedió y aprobó la restitución de la detención preliminar, el gobierno de Dina Boluarte devolvió la norma con observaciones en medio del receso parlamentario, justo en el último día del plazo, en enero. A pesar de ello, hasta la fecha aún no se ha promulgado su aprobación.
No se convocó a un pleno extraordinario
Dos días después de que el Congreso aprobara la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia, Eduardo Salhuana consideró que el Ejecutivo debía abordar el tema con urgencia, dado su carácter prioritario. Sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte hizo caso omiso a su exhortación y retrasó aún más la restitución de esta figura legal.
Es importante recordar que, aquel lunes 16 de diciembre de 2024, el Ministerio Público allanaba la vivienda de Fredy Hinojosa, vocero presidencial, en el marco del caso de corrupción de Qali Warma. En ese contexto, trascendió que también se había solicitado su detención preliminar, pero el juez no lo autorizó, justamente porque la figura de la detención preliminar ya había sido eliminada.
Tras el regreso de la norma por parte del Ejecutivo al Congreso, había dos opciones: convocar a un pleno extraordinario o esperar al inicio de la nueva legislatura. A pesar de que varios congresistas, en sus declaraciones anteriores, habían destacado la urgencia de la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia, la iniciativa de convocar un pleno extraordinario no encontró el respaldo esperado.
La congresista Ruth Luque, de Bloque Democrático Popular, informó a través de su cuenta en X (antes Twitter) que, hasta el 15 de febrero, solo había logrado recolectar 26 firmas para convocar una sesión extraordinaria en el Congreso.
El objetivo era votar la insistencia del proyecto de ley aprobado por la Comisión de Justicia el 5 de febrero, que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. Sin embargo, aún necesitaba 52 firmas adicionales para poder convocar el pleno, y a esa fecha, las principales bancadas, como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre y Acción Popular, no habían respaldado la iniciativa.
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