La reciente preocupación por la seguridad en espacios comerciales de alta concurrencia, ante lo ocurrido en el Real Plaza Trujillo, donde la caída del techo dejó un saldo de seis fallecidos y 82 heridos, motivó a los alcaldes de la Mancomunidad Municipal Lima Centro a solicitar al Congreso de la República una reforma legislativa que permita reforzar las facultades de fiscalización de los gobiernos locales.
En un pronunciamiento conjunto, los alcaldes de San Isidro, San Borja, Barranco, Surquillo, Lince, Pueblo Libre, Jesús María y La Victoria, consideraron imperativo trabajar de manera articulada para prevenir situaciones lamentables y promover condiciones óptimas de seguridad en beneficio de todos los peruanos, sobre todo ante el límite de sus facultades para fiscalizar.
En diálogo con Infobae Perú, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, señaló que las modificaciones introducidas a la Ley 28976, conocida como la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, han limitado significativamente las herramientas de los municipios para actuar frente a establecimientos que incumplen con los estándares de seguridad. “La norma actual no permite la posibilidad de clausura inmediata a los locales que representen un riesgo inminente para los ciudadanos; sin duda, esto compromete la labor que desempeñamos como autoridades locales”, destacó.
En ese sentido, enfatizó la necesidad de que el Poder Legislativo, presidido por el apepista Eduardo Salhuana, reevalúe estas modificaciones legales. Según el burgomaestre, es fundamental que los municipios cuenten con herramientas efectivas para actuar con rapidez y responsabilidad en casos donde la seguridad de los ciudadanos esté en peligro. “Como autoridades tenemos el compromiso de velar por la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos, por lo que estamos dispuestos a dialogar con las instancias correspondientes, como el Congreso, para buscar soluciones que fortalezcan la gobernanza local y la gestión del riesgo en espacios comerciales”, manifestó.
La Ley 31914 sus implicancias en la fiscalización municipal
La Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, en su versión actual, ha sido objeto de críticas debido a las restricciones que impone a las facultades de fiscalización y sanción de los municipios. Los recientes acontecimientos en el Real Plaza Trujillo han puesto de manifiesto la necesidad de revisar esta legislación.
En octubre del 2023, los parlamentarios, a través de la promulgada normativa, modificaron la iniciativa 28976, Ley Orgánica de Municipalidades, argumentando que con ella se evitarían cierres arbitrarios que perjudican económicamente a los dueños de establecimientos. Durante su debate existieron marcadas posiciones de los empresarios versus alcaldes. De hecho, fue el mismo Carlos Canales quien en ese entonces calificó la medida de “una clara intromisión a las facultades de los municipios”; mientras que Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, alegó presuntos abusos por parte de los municipios.
¿Por qué se señala la ley como parte del caso ocurrido en Trujillo?
La controversia sobre la ley impulsada por el Congreso y promulgada, sin observaciones, por la presidenta Dina Boluarte, parte de que el centro comercial Real Plaza Trujillo fue clausurado en el 2023 por un plazo de 30 días ante el supuesto de falta de condiciones de seguridad por el asesinato de un hombre al interior del establecimiento. Sin embargo, el parlamentario Alejandro Cavero recordó que se “prohíbe la clausura arbitraria”.
La norma en cuestión establece que las municipalidades deben levantar la clausura temporal de un centro comercial en un plazo máximo de 48 horas, siempre y cuando el establecimiento presente la documentación requerida con las observaciones correspondientes y la entidad municipal no responda dentro de este plazo.
El texto de la norma también especifica que una clausura definitiva solo puede ser aplicada como medida de sanción administrativa al término de un procedimiento administrativo sancionador. Este marco legal fue respaldado por diversas bancadas del Congreso, incluyendo a Renovación Popular, Avanza País y otros aliados políticos, lo que permitió su aprobación con un amplio consenso y hoy se cuestiona.
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