Ejecutivo, PJ y Fiscalía contra el Congreso por ley de extinción del dominio: advierten que el Perú podría ser incluido en lista negra

Atrás quedaron los enfrentamientos. El interés del Congreso de la República por modificar la ley de extinción del dominio motivó el pronunciamiento en contra del gobierno de Dina Boluarte, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Horas después de que el coordinador del Subsistema de Extinción de Dominio de la Corte Suprema, el juez supremo Manuel Luján Túpez, advirtiera de los más de cinco mil procesos que quedarían impunes, el titular del Ministerio de Justicia, Eduardo Arana, y de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunciaron en el mismo sentido.

A su turno, el responsable del Minjus ratificó que “la posición del Ejecutivo es que la ley debe permanecer tal como está, porque como modelo procesal ha servido en la lucha contra la criminalidad“ e invocó al Poder Legislativo a asumir la posición que su cartera, el PJ y la Fiscalía han expresado de manera unánime; palabras a las que el premier se adhirió públicamente y aseguró que es una posición compartida por todo el gabinete ministerial. “En algunos casos es probable que algunos fiscales y jueces no hayan expresado adecuadamente sus sentencias, pero eso no significa que el modelo como tal no persiga legalmente el propósito para el cual está destinado”, insistió Arana. De esta manera, aunque la mandataria no se ha referido en específico a la iniciativa congresal, se confirma la posición de su gobierno.

¿Qué busca el Congreso?

De acuerdo con el magistrado Manuel Luján Túpez, el proyecto de ley del Parlamento busca que los bienes obtenidos de manera ilegal solo puedan ser confiscados una vez que exista una sentencia judicial firme. Esto, según explicó, no solo ralentizaría los procesos, sino que también permitiría que muchos de ellos prescriban, dejando sin efecto la posibilidad de recuperar activos mal habidos. “Este proyecto de ley, aprobado en primera votación por el Congreso, establece su aplicación inmediata. Si esto ocurre, más de cinco mil procesos quedarían en la total impunidad”, afirmó Luján Túpez.

En ese sentido, destacó que la Ley de Extinción de Dominio ha sido una herramienta clave en la lucha contra delitos como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos, la minería ilegal, la tala y la trata de personas. Detalló que gracias a esta normativa, el Subsistema Nacional de Extinción de Dominio ha logrado recuperar cerca de 160 millones de dólares, incluyendo 100 kilos de lingotes de oro, a favor del Estado. Además, que esta ley permite atacar directamente las finanzas de los delincuentes, afectando su capacidad para continuar operando.

“Un sicario, extorsionador, un minero o un corrupto necesita dinero para delinquir, y el proceso de extinción ataca donde más les duele: el bolsillo. Retira del mercado ese dinero para que no sigan haciendo esas fechorías”, explicó y advirtió que la modificación de la ley daría al crimen organizado una nueva oportunidad para operar con impunidad.

El magistrado alertó que la medida también tendría implicancias internacionales. Según informó, el Poder Judicial ha enviado una comunicación al Congreso para advertir sobre el incumplimiento de compromisos internacionales que esto podría generar. Entre los acuerdos afectados se encuentran los convenios de Viena, Palermo y Mérida, que establecen lineamientos para combatir el crimen organizado y la corrupción a nivel global.

Además, Luján Túpez señaló que el Perú podría ser incluido en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que tendría serias repercusiones económicas y reputacionales. “Si dejamos esta ley vigente de extinción de dominio o es declarada inconstitucional, el Perú será colocado en una lista negra, como un país de riesgo. Los inversionistas van a retirar su dinero y, obviamente, seríamos un paria internacional como lo son Venezuela o Tanzania”, advirtió.