Los casos de okupas en España continúan siendo un tema de interés en Perú, debido a los reportes que implican a peruanos migrantes en el país europeo. Lamentablemente, el caso del condominio en Carabanchel no es el único.
El complejo de apartamentos Aragon Suites, ubicado en el distrito de San Blas, Madrid, fue concebido como un proyecto de lujo que, en su origen, aspiraba a formar parte de la Villa Olímpica de Madrid 2016. Sin embargo, tras la quiebra de la promotora y años de abandono, el edificio ha sido tomado por okupas de varias nacionalidades, convirtiéndose en un foco de delincuencia y violencia.
Hoy, este complejo luce con jardines con escombros, basura, ventanas a las que arrancaron los marcos para venderlos, enganches ilegales de luz y cables pelados. Debido a ello, se le ha apodado ‘La Jungla’ o el ‘Hotel Okupa’, nombres que reflejan el estado de caos e inseguridad que domina la zona.
El pasado 26 de enero, un peruano de 52 años fue asesinado a cuchilladas dentro de una de las viviendas okupadas. Su agresor, un argentino de 28 años, fue detenido por la Policía poco después del ataque. Este homicidio es el segundo asesinato en el complejo en menos de dos meses, después del ocurrido en noviembre, cuando un colombiano de 35 años fue apuñalado en lo que testigos describieron como un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas.
Según el reporte de varios medios de España como TeleMadrid, Infobae España, OkDiario, entre otros, la Policía Nacional y la Policía Municipal mantienen un dispositivo de vigilancia en la zona, pero los conflictos no cesan. En el lugar se han registrado más de 130 denuncias por delitos que van desde usurpación de vivienda y allanamientos hasta tráfico de drogas, incendios y homicidios.
De apartamentos de lujo a “hotel okupa”
Situado en la calle Lola Flores 3, el Aragon Suites fue diseñado como un conjunto de apartamentos modernos con piscina y áreas recreativas. Su desarrollo quedó en el aire tras el fracaso de la candidatura olímpica de Madrid y, finalmente, fue convertido en un complejo de alquiler turístico en 2016.
El empresario Rafael Gómez Arribas, dueño del proyecto, cayó en bancarrota en 2022, dejando el edificio en el abandono. Desde entonces, los inquilinos legales fueron forzados a marcharse ante el corte de suministros de luz y agua. Hacienda embargó las viviendas, pero nunca ejecutó los desalojos, permitiendo que mafias okupas se apoderaran de los apartamentos.
Actualmente, se estima que 140 viviendas están ocupadas ilegalmente y que mafias organizadas controlan el acceso a las viviendas, cobrando alquileres ilegales y subarrendando habitaciones.
El asesinato del peruano y la violencia en la zona
El 26 de enero, una pelea entre okupas terminó con el asesinato de un peruano de 52 años, quien había subarrendado una habitación a un argentino de 28 años. Según reportes de la Policía, la discusión se tornó violenta y ambos hombres se enfrentaron con armas blancas. El peruano recibió varias puñaladas en el tórax y el abdomen y murió en el acto. Su pareja, también peruana, resultó herida y fue detenida.
El homicida intentó huir, pero fue capturado a menos de un kilómetro de la urbanización, ensangrentado y con heridas que requirieron atención médica.
“Era mi vecino. Yo ese día no estaba, fui a comprar mis cosas y al volver me encontré con la sorpresa. No podía creerlo. La persona que lo mató era alguien que recibió en su casa. Es difícil vivir así; da mucho miedo”, mencionó una vecina del fallecido a TeleMadrid.
Tres días antes de este crimen, se produjo una pelea tumultuaria en el mismo edificio, que terminó con la detención de 11 personas (10 colombianos y un venezolano). Según los reportes policiales, el tráfico de drogas y los conflictos entre bandas han convertido el complejo en un punto crítico de violencia.
Mafias okupas y mercado negro de viviendas
Las investigaciones han revelado que detrás de la ocupación masiva de los apartamentos hay mafias organizadas que lucran con los pisos vacíos. Según medios locales, los okupas pagan entre 500 y 600 euros por “alquilar” un apartamento y deben hacer pagos mensuales para evitar ser desalojados por la fuerza.
La urbanización está segregada por nacionalidades. Testimonios recogidos por la prensa indican que:
- Un bloque está habitado principalmente por okupas latinoamericanos, entre ellos peruanos y colombianos.
- Otro bloque es controlado por grupos de origen africano.
- En el tercer bloque predominan okupas españoles y europeos del este.
Esta división no solo no ha evitado los enfrentamientos, sino que ha intensificado las disputas entre distintos grupos, que ahora luchan por el control de los apartamentos. Y es que, dentro del mismo edificio operan mafias que mercadean con los pisos vacíos, complicando aún más la convivencia.
“Si tú no te metes con nadie, nadie se mete contigo”, señala un okupa en un intento por explicar las dinámicas internas del lugar. “Pero no te puedo dar más detalles. Aquí las ventanas tienen ojos y es mejor evitar problemas”, añade para el medio citado.
La Policía Nacional y la Policía Municipal han insistido en la necesidad de una acción coordinada para el desalojo del edificio, pero los procedimientos judiciales avanzan con lentitud. La Fiscalía de Madrid ha solicitado la reagrupación inmediata de todos los expedientes de desahucio, pero la presencia de familias con niños y personas vulnerables dentro de los okupas ha ralentizado el proceso.
Actualmente, las autoridades mantienen abiertas más de 121 causas judiciales por allanamientos, usurpación y violencia dentro del complejo. Mientras no se ejecuten desalojos masivos, los enfrentamientos y el crimen seguirán aumentando, advierten las autoridades.
Hacienda, por su parte, sigue sin ejecutar los embargos de las viviendas, permitiendo que el ‘hotel okupa’ continúe funcionando como un refugio para mafias y delincuentes.
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