El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha fijado el inicio del juicio oral contra el expresidente José Pedro Castillo Terrones, la ex primera ministra Betssy Betzabet Chávez Chino y otros seis acusados, entre ellos los exministros Aníbal Torres, Willy Huerta y Geiner Alvarado para el martes 4 de marzo de 2025.
Según la resolución emitida el 31 de enero de 2025, las audiencias se llevarán a cabo de manera presencial en el penal de Barbadillo, en Ate Vitarte, Lima. Las sesiones se desarrollarán tres veces por semana, los martes, jueves y viernes, en un horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
De acuerdo con la resolución judicial, el proceso se deriva de las acusaciones formuladas contra Pedro Castillo y Betssy Chávez, por delitos graves que incluyen rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. En el caso de Castillo, se le imputa el rol de coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, específicamente rebelión, tipificado en el artículo 346° del Código Penal peruano.
El Ministerio Público ha solicitado para Pedro Castillo una pena de 34 años de prisión efectiva, junto con una inhabilitación de tres años y seis meses para ejercer cargos públicos. Asimismo, se le exige el pago de una reparación civil de más de 65 millones de soles a favor del Estado peruano.
Por su parte, Betssy Chávez enfrenta acusaciones similares en calidad de coautora del delito de rebelión, por lo que la Fiscalía ha solicitado una condena de 25 años de prisión efectiva, además de una inhabilitación de dos años y seis meses. También se le ha impuesto el pago de una reparación civil solidaria de más de 64 millones de soles
Ambos acusados contarán con representación legal durante el juicio. Pedro Castillo será defendido por el abogado Luis Walter Medrano Jirón, mientras que Betssy Chávez estará representada por el abogado Edgar Jhon Vargas Vargas.
El juicio oral, que se desarrollará en el penal de Barbadillo, será clave para determinar la responsabilidad penal de los acusados. Según lo establecido por el Poder Judicial, las audiencias se realizarán de manera presencial, lo que permitirá a las partes procesales presentar sus argumentos y pruebas ante el tribunal.
Detalle sobre los acusados y penas
- José Pedro Castillo Terrones: Rebelión (coautoría), abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública; pena solicitada de 34 años.
- Betssy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas, Roberto Sánchez Palomino, Manuel Elías Lozada Morales, Justo Jesús Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez: Todos enfrentan cargos de rebelión como coautores, con penas solicitadas de 25 años.
- Aníbal Torres Vásquez: También acusado de rebelión como coautor, con una pena solicitada de 15 años.
Conformación de la Sala Penal Especial
Mediante la Resolución Administrativa N.° 000001-2025-P-PJ, se designó a los jueces José Antonio Neyra Flores, Iván Salomón Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez como miembros de la SPE, la cual se especializa en el juzgamiento de altos funcionarios, conforme a su competencia jurisdiccional en instancias de primera instancia.
Situación jurídica de los procesados
- José Pedro Castillo cumple prisión preventiva prorrogada (18 meses).
- Betssy Chávez enfrenta igual medida hasta marzo de 2026.
- Willy Huerta, Roberto Sánchez, Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón cuentan con comparecencia con restricciones.
- Aníbal Torres tiene impedimento de salida del país por 18 meses y comparecencia con restricciones.
El fallido autogolpe del 7 de diciembre
Este se dio 2022, cuando el entonces presidente de Perú anunció la disolución del Congreso, la reorganización del sistema judicial y la instauración de un estado de emergencia nacional. Esto fue rechazado rápidamente por el Congreso, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y amplios sectores de la sociedad, lo que resultó en su destitución y posterior arresto por el presunto delito de rebelión y conspiración.
Betssy Chávez, quien era presidenta del Consejo de Ministros durante el intento de autogolpe, es señalada como una de las principales responsables. Según investigaciones, Chávez habría estado al tanto de las intenciones de Castillo y no tomó acciones para disuadirlo, además de haber participado activamente en la redacción del discurso del autogolpe. La Fiscalía de Perú la investiga por los delitos de rebelión y conspiración, junto con otros exfuncionarios.
Aníbal Torres, exjefe de gabinete y asesor cercano a Castillo, también enfrenta acusaciones por su posible complicidad en los hechos. Según testimonios, Torres habría participado en reuniones previas en las que se planificaron acciones vinculadas al fallido autogolpe. La Fiscalía también lo incluye en la investigación por conspiración.
Varios exintegrantes del gabinete de Castillo están siendo investigados por presunta complicidad en el caso. Entre los señalados se encuentran algunos ministros que habrían apoyado la decisión de disolver el Congreso o que participaron en la elaboración del mensaje presidencial.
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