La violencia continúa desbordando las calles de Trujillo pese a las recientes medidas adoptadas por el Ejecutivo para combatir la delincuencia. En la noche del 20 de enero, un explosivo detonó en una vivienda ubicada en la cuadra 4 de la calle 12 de Noviembre, en el distrito de Florencia de Mora, generando pánico entre los vecinos.
Este ataque coincide con la visita del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y autoridades del Poder Judicial y el Ejecutivo, a la capital de La Libertad, quienes supervisaban las estrategias de seguridad en la región tras el atentado con explosivos contra la sede del Ministerio Público.
Este es el segundo atentado registrado contra la misma propiedad, lo que ha aumentado la preocupación de los vecinos, quienes demandan acciones más contundentes de las autoridades. La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra investigando el hecho, mientras los residentes denuncian la insuficiencia de las medidas de seguridad implementadas.
Explosión en la sede de la Fiscalía de Trujillo
En la madrugada del mismo día, un potente estallido afectó la sede principal del Ministerio Público en Trujillo, un restaurante cercano, salones de la Universidad Nacional de Trujillo, casas, negocios, el hospital Albrecht y varios vehículos en el perímetro. Testigos y cámaras de videovigilancia evidenciaron que un delincuente disfrazado de repartidor dejó una caja con explosivos en el frontis de la Fiscalía. El incidente dejó heridos a un taxista, identificado como Luis Alberto, y a un vigilante de la entidad, ambos trasladados de urgencia al Hospital Regional de Trujillo.
El ataque a la sede del Ministerio Público en Trujillo habría utilizado ANFO, un explosivo compusto por nitrato de amonio y aceite combustible, según el exjefe de la Dircote, José Baella. Este material, comúnmente empleado en minería y construcción por su bajo costo y alta potencia, se caracteriza por su capacidad de generar una gran cantidad de energía en explosiones. Los componentes del ANFO son de fácil acceso y no requieren tecnología avanzada para su fabricación, lo que facilita su uso en actividades ilícitas.
La Presidencia del Perú condenó el ataque calificándolo de “terrorismo urbano” y anunció que, en el marco del estado de emergencia, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tomarán el control de la ciudad para garantizar la seguridad. Mientras tanto, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, señaló que el ataque podría estar vinculado a organizaciones criminales relacionadas con la minería ilegal, y anunció su viaje a Trujillo para liderar las investigaciones.
Autoridades se reunieron de emergencia tras atentado
Las autoridades del Poder Judicial y del Ejecutivo, lideradas por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, sostuvieron una reunión de emergencia ante la ola de explosiones que atemoriza a la ciudadanía. Gustavo Adrianzén, desde la sede del Ministerio Público afectada horas antes por otro atentado, anunció la propuesta de una nueva ley de “terrorismo urbano” que buscaría endurecer las sanciones contra quienes atenten contra la seguridad y el orden público.
“Hemos derrotado a los delincuentes terroristas y haremos lo mismo con los que hoy pretenden amenazar a la población”, declaró el premier, antes de ratificar que las acciones conjuntas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas continuarán de manera permanente en Trujillo.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmó que se procederá a la remoción de más de 100 agentes policiales en la región, medida que se implementará en los próximos 10 días. “Serán cambiados aquellos efectivos que tengan referencias disciplinarias o presuntamente vinculados con organizaciones criminales”, señaló, advirtiendo que quienes se nieguen a acatar la disposición serán pasibles de procesos disciplinarios para su eventual separación de la institución.
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