El alcalde de Comas, Ulises Villegas. en un hecho que ha generado intensas reacciones, grabó un video fuera de un prostíbulo clausurado en Lima Norte, donde lanzó comentarios controvertidos sobre el Congreso de la República.
Las imágenes, difundidas a través de su cuenta oficial de TikTok, muestran al funcionario municipal señalando al prostíbulo Las Palmeras, ahora cerrado, y vinculando a las “chicas alegres de la vida” con el Parlamento.
El burgomaestre afirmó en el clip que, así como el prostíbulo había sido clausurado, el Congreso también debería enfrentarse a un cierre simbólico debido a lo que calificó como un “deterioro moral”.
En sus palabras, también mencionó la falta de acción parlamentaria para combatir delitos como la extorsión y el sicariato, mientras insinuaba la existencia de una red de prostitución dentro del Poder Legislativo.
Este mensaje fue interpretado por algunos sectores como un ataque directo hacia la institución legislativa y sus integrantes, en un momento ya complicado por los cuestionamientos en contra.
Una investigación mediática
Las declaraciones del alcalde toman relevancia en un contexto marcado por un caso mediático de presunta corrupción que involucra al Congreso. En diciembre de 2024, la muerte violenta de Andrea Vidal Gómez, una joven abogada que trabajó hasta hace pocos meses como asesora en el Parlamento, destapó un supuesto entramado de explotación sexual dentro de la institución.
El programa Beto a Saber presentó un informe donde se revela que Jorge Torres Saravia, jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, estaría implicado en una presunta red que utilizaba cargos administrativos ficticios para encubrir actividades relacionadas con favores sexuales a congresistas.
Según esa investigación, varias mujeres eran registradas como trabajadoras parlamentarias y luego forzadas a prestar estos servicios en reuniones privadas.
Por su parte, el semanario Hildebrandt en sus Trece amplió la información, entrevistando a trabajadores del Congreso que prefirieron mantener su identidad en reserva. Estas fuentes detallaron la existencia de inmuebles alquilados en distritos exclusivos como Barranco y San Isidro, donde se habrían llevado a cabo fiestas privadas aparentemente organizadas por Torres. En dichas reuniones, se presume que participaban figuras políticas relevantes, quienes podrían haber utilizado su influencia para proteger las operaciones de esta supuesta red.
El crimen
Andrea Vidal Gómez, cuya muerte violenta en La Victoria capturó la atención pública, habría jugado un papel importante dentro de esta estructura, según fuentes citadas por Hildebrandt en sus Trece.
La joven habría registrado a las mujeres involucradas bajo cargos administrativos ficticios en el Congreso. Sin embargo, los problemas surgieron cuando Vidal y otras dos trabajadoras fueron despedidas abruptamente tras un conflicto con Torres Saravia.
Semanas antes de su asesinato, Andrea fue vista saliendo de la oficina de Torres en aparente estado de angustia. Esta reunión habría ocurrido poco antes de su despido, lo que despertó sospechas sobre las posibles conexiones entre su salida del Congreso y los hechos posteriores.
El ataque que le costó la vida a Andrea fue cuidadosamente planificado. Más de cuarenta disparos impactaron en el vehículo en el que viajaba como pasajera. Aunque inicialmente se especuló que el blanco era el conductor, la evidencia señaló que Vidal era el verdadero objetivo.
La respuesta
Jorge Torres Saravia, señalado como figura central en esta red, negó categóricamente las acusaciones en una entrevista. Sin embargo, la presión pública y las denuncias han llevado a su separación del cargo mientras avanzan las investigaciones. La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas ha iniciado un proceso preliminar que podría derivar en acusaciones formales.
La situación también ha puesto en el centro de la polémica al partido Alianza para el Progreso (APP), al que Torres está vinculado. Líderes de otras bancadas han pedido una investigación profunda, mientras que la Comisión de Fiscalización del Congreso evalúa medidas para esclarecer los hechos.
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