Sin anuncios públicos, el gobierno cambió los indicadores de medición de la pobreza. El régimen de Dina Boluarte, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), publicó el 31 de diciembre en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo 014-2024-MIDIS. Este dispone que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) evalúe la pobreza multidimensional en el Perú mediante un único índice y tablero de control que agrupe carencias en servicios esenciales como salud, vivienda, educación y seguridad.
A pesar de que ya existía un sistema con ocho dimensiones y 29 indicadores, ahora se centraliza esta medición en un solo indicador. Además, se establece que los resultados correspondientes al año 2023 serán publicados en febrero de 2025, mientras que los de 2024 se revelarán en mayo de ese mismo año. Los datos se divulgarán anualmente tras la revisión de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza.
La medida ha generado críticas por parte de expertos en gestión público, como Karla Gavino, quien en diálogo con La República, la señaló que es antitécnica y apresurada. Gavino subraya que el INEI, como organismo autónomo, debería diseñar su propia metodología de medición, ya que depender de lineamientos impuestos por el Midis plantea conflictos de interés, comprometiendo la imparcialidad y transparencia de los resultados.
Esta situación podría violar el Decreto Legislativo 604, que garantiza la autonomía técnica y de gestión del INEI. Además, preocupa que la simplificación de un tablero multidimensional a una cifra única excluya aspectos clave para la formulación de políticas públicas. La Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza aún no se ha pronunciado sobre la controversia.
Riesgo de manipulación política
En setiembre, un reportaje de Epicentro TV puso en evidencia que el gobierno tenía preparado un Decreto Supremo que transferiría al Midis la responsabilidad de calcular el indicador global de pobreza multidimensional, una tarea que hasta ahora ha estado a cargo del INEI y de la Comisión Consultiva de Medición de la Pobreza, un grupo independiente.
El economista Javier Herrera, en una entrevista con el medio, explicó en ese entonces que el objetivo del Ejecutivo sería consolidar en el Midis una metodología que combine diversos indicadores sociales. Sin embargo, Herrera advirtió que esta decisión contraviene las buenas prácticas internacionales en la elaboración de estadísticas oficiales, las cuales exigen independencia técnica y transparencia en la generación de datos.
La pobreza multidimensional es un enfoque que va más allá de los ingresos económicos y evalúa otros aspectos como el acceso a servicios básicos, educación, salud y vivienda. Según detalló Epicentro TV, el INEI y la Comisión Consultiva han sido responsables de garantizar la rigurosidad técnica en la medición de estos indicadores. Sin embargo, el nuevo Decreto Supremo busca centralizar esta tarea en el MIDIS, lo que, según Herrera, podría comprometer la objetividad de los resultados.
El economista explicó que la independencia de los organismos encargados de las estadísticas es fundamental para evitar manipulaciones políticas. “El riesgo de que los datos sean utilizados para favorecer narrativas oficiales es alto cuando no hay un control técnico independiente”, señaló Herrera en su entrevista con el medio.
El intento del gobierno por ocultar las cifras de pobreza
El número de personas en situación de pobreza en Perú alcanzó los 9,78 millones en el 2023, lo que representa un aumento de 596.000 personas en comparación con 2022. Este incremento, que refleja un deterioro significativo en las condiciones de vida de la población.
Cabe recordar que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) intentó retrasar la publicación del informe oficial, lo que generó críticas por la falta de transparencia. Finalmente, los datos fueron divulgados sin una conferencia de prensa, un hecho inusual que evidenció tensiones internas en la gestión de las estadísticas.
El titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, atribuyó este aumento de la pobreza a factores externos como el ciclón Yaku, las protestas sociales y el fenómeno de El Niño, aunque este último no se ha manifestado plenamente. Sin embargo, expertos han señalado que estas explicaciones no son suficientes para justificar el deterioro de los indicadores sociales, lo que ha llevado a cuestionar las políticas públicas implementadas para combatir la pobreza.
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