Procuraduría superó los S/300 millones de reparaciones a favor del Estado en caso Lava Jato

Tres empresas involucradas en uno de los mayores casos de corrupción en el país han abonado millonarias sumas al Tesoro Público como parte de acuerdos de reparación civil avalados por el Poder Judicial

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La Procuraduría Ad Hoc recaudó más de S/300 millones en reparaciones civiles de empresas vinculadas al caso Lava Jato. (PROCURADURÍA GENERAL DE PERÚ)
La Procuraduría Ad Hoc recaudó más de S/300 millones en reparaciones civiles de empresas vinculadas al caso Lava Jato. (PROCURADURÍA GENERAL DE PERÚ)

La Procuraduría Ad Hoc, encargada de fiscalizar los compromisos de reparación civil derivados del caso Lava Jato, anunció que el total recaudado a favor del Estado peruano ha alcanzado los S/300 millones. Esta cifra refleja los pagos realizados por las empresas involucradas en acuerdos de colaboración eficaces aprobados por el Poder Judicial y se acumula a raíz de cuotas mensuales que corresponden a diversas firmas, así fue informado por la agencia de noticias Andina.

Dentro de los aportes más recientes, realizados entre los meses de noviembre y diciembre de este año, la firma Aenza transfirió aproximadamente S/26 millones en dos depósitos efectuados el 28 de noviembre y el 3 de diciembre. Este monto corresponde a la segunda cuota establecida en su acuerdo de colaboración, según informó la Procuraduría y citado por la prensa nacional. Asimismo, Cosapi abonó S/ 13.4 millones como la primera cuota de su convenio, mientras que Odebrecht, mediante un pago realizado el 10 de diciembre, cumplió con S/22 millones adicionales, sumando así un total de S/190 millones abonados por dicha empresa hasta la fecha.

“Todos los pagos de reparación civil ingresan directamente a las cuentas de la Procuraduría General del Estado (PGE) y tienen calidad de fondos destinados al Tesoro Público”, destacó un comunicado citado por el medio.

Los montos establecidos para estas reparaciones se calcularon según los lineamientos de la Ley N° 30737 y su reglamento, que garantizan una compensación proporcional al daño causado al Estado. Este marco legal definió las obligaciones de Odebrecht en S/610 millones (más intereses legales), Aenza en S/ 480 millones (incluidos intereses) y Cosapi en S/ 83 millones, según lo reportado por la prensa. “Estos cálculos fueron realizados aplicando fórmulas específicas definidas en la normativa nacional”, precisa la Procuraduría.

Además, los S/ 60 millones recaudados durante los últimos dos meses de este 2023 marcan un avance en el cumplimiento de obligaciones pendientes, fortaleciendo los recursos del erario nacional. De estos, el aporte de Odebrecht fue destacado por representar la sexta cuota de un compromiso mayor que engloba reparaciones por cuatro proyectos relacionados con el caso Lava Jato.

Proceso de comisión Lava Jato en Perú.
Odebrecht, Aenza y Cosapi transfirieron millones al Estado como parte de acuerdos de reparación civil por el caso Lava Jato. (Procuraduría)

Según los datos difundidos, este caso icónico de corrupción, que agrupó a Múltiples empresas en prácticas ilícitas durante varias administraciones de gobierno, ha derivado en complejos acuerdos judiciales que buscan enmendar el daño a las instituciones estatales. “La suma recaudada hasta ahora es un paso importante, aunque todavía queda un largo camino por recorrer para asegurar el cumplimiento total de los compromisos pactados”, mencionan fuentes oficiales recogidas por los medios.

Por otra parte, Aenza ha iniciado la entrega de sus cuotas en cumplimiento con su acuerdo de colaboración eficaz. “Durante este período, la firma ha transferido al menos dos pagos consecutivos, lo que respalda su compromiso con la justicia peruana y con el resarcimiento financiero al Estado”, reporta la Procuraduría en un informe citado por la prensa.

Las cifras recaudadas a lo largo de este proceso demuestran los esfuerzos de las instituciones peruanas para recuperar los activos públicos que fueron desviados o afectados por actos de corrupción. La Procuraduría no solo supervisa el cumplimiento puntual de los acuerdos, sino que también regula la transferencia efectiva de los fondos a las cuentas destinadas al Tesoro Público, asegurando que se asigna de acuerdo con las disposiciones legales.

Cabe señalar que los S/ 300 millones alcanzados representan un porcentaje importante dentro de un proceso que aún requiere una vigilancia continua. Con una deuda acumulada de cientos de millones de soles entre las tres empresas involucradas, los próximos años seguirán marcando el desarrollo de esta emblemática investigación.

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