Un escándalo sacude al Gobierno Regional de Arequipa luego de que el gerente de Energía y Minas, Iván Prado Barreto, fuera señalado por presuntamente utilizar recursos públicos para visitar un prostíbulo en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, mientras debía atender un conflicto minero en la zona. Según informó la prensa local, el funcionario habría desviado su atención de la problemática minera para acudir al establecimiento nocturno, lo que ha generado indignación en la ciudadanía y pedidos de investigación inmediata para conocer la omisión de sus funciones.
De acuerdo con las denuncias locales, Prado habría viajado como parte de una delegación oficial destinada a mediar en un conflicto entre la empresa minera Nemerlin, mineros ilegales y pobladores de la localidad de Cahuacho. Sin embargo, en lugar de cumplir con su agenda, el funcionario habría sido captado en un prostíbulo conocido como “Las Muñecas”, donde se ofrecen servicios sexuales. Fotografías y videos difundidos en redes sociales muestran a un hombre con características físicas similares a las de Prado, incluyendo una cabeza calva y una barba prominente, consumiendo licor en el local. Este comportamiento ha sido calificado como un posible caso de malversación de fondos públicos, ya que el viaje fue financiado con recursos destinados a resolver el conflicto minero.
“Es inteligencia artifical”
En declaraciones a la prensa, Iván Prado Barreto negó rotundamente haber visitado el prostíbulo y atribuyó las imágenes a un montaje realizado con inteligencia artificial. “Es lamentable. Existe inteligencia artificial donde se puede montar ese tipo de filmación o fotografías. En mi función de funcionario público jamás en la vida voy a exponerme porque estoy en una comisión de servicio”, afirmó a Exitosa. Además, insinuó que detrás de las acusaciones estarían grupos de mineros ilegales que buscan desacreditar su gestión.

El funcionario aseguró que tomará acciones legales contra quienes lo acusan y reiteró que no tiene nada que ocultar. “Se trata de una campaña de desprestigio orquestada por personas con intereses oscuros. No tengo nada que ocultar, y si se comprueba que realmente asistí a ese lugar, presentaré mi renuncia de inmediato”, sostuvo.
A pesar de sus declaraciones, las imágenes han generado un fuerte rechazo entre la población, que exige una investigación exhaustiva para determinar si Prado incurrió en conductas indebidas y en el uso inapropiado de recursos públicos.
El viaje de Prado a Chala tenía como objetivo abordar un conflicto minero que afecta a la localidad de Cahuacho desde enero de 2023. Según informó la asesora legal de la empresa minera Nemerlin, Katherine Quispe Mendoza, la situación ha escalado en los últimos meses, con denuncias de agresiones y bloqueos de carreteras por parte de mineros ilegales y pobladores.

Quispe denunció que un grupo de aproximadamente 20 personas intentó agredir y secuestrar a seis trabajadores de la empresa, entre ellos ingenieros y obreros, mientras se dirigían a su centro de labores. “Ya hemos presentado denuncias por secuestro e intento de homicidio. Golpearon a nuestros trabajadores en la carretera, no los dejaron pasar. Esto es porque ellos son informales y no tienen 10 Reinfo como nosotros, no quieren dejar que trabajemos”, explicó en declaraciones difundidas por Radio San Martín Arequipa.
La asesora también señaló al alcalde de Cahuacho, José Neira Rospigliosi, como uno de los responsables de incitar los bloqueos y las protestas que han paralizado la actividad minera en la zona. Según Quispe, el alcalde habría promovido un bloqueo de más de 40 días en la carretera, dificultando las operaciones de Nemerlin. “Nos denunciaron por minería ilegal, dicen que estamos en zona de amortiguamiento, pero no es así, tenemos documentación que lo prueba”, afirmó.
El conflicto ha generado tensiones entre los distintos actores involucrados, y la falta de una solución efectiva por parte del Gobierno Regional ha sido motivo de críticas. La delegación encabezada por Prado tenía la tarea de mediar en esta problemática, pero su presunta conducta ha desviado la atención de los esfuerzos por resolver el conflicto.
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