Nuevamente, la imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ve empañada por las malas acciones de sus integrantes. Esta vez, dos agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) fueron detenidos en Ayacucho por transportar 31 paquetes tipo ladrillo de alcaloide de cocaína. Los efectivos serán procesados por el presunto delito contra el tráfico ilícito de drogas.
De acuerdo a la información dada por la PNP, los suboficiales fueron identificados como Gils Sixto Alvarado y Luis Miguel Gómez. Ambos agentes antidrogas viajaban en un vehículo oficial por la carretera Chungui - Huamanga, en la localidad del centro poblado de Santa Catalina de Tranca.
Tras una intervención policial de otro grupo de la Dirandro, se constató la presencia de varias bolsas y mochilas que ocupan la parte trasera de los asientos del vehículo de propiedad del Estado, de placa B0E-294. Al menos 31 paquetes envueltos como ladrillos contenían un producto blanquecino que tras una prueba dio como resultado positivo para alcaloide de cocaína.

Los agentes detuvieron a los suboficiales implicados en el ilícito y además incautaron dos celulares, dinero en efectivo y armamento de largo alcance que llevaban en el vehículo: dos fusiles de alto calibre —un AKM y un HK—, seis cacerinas, 177 municiones.
Los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras que la droga, el armamento, el vehículo y los otros objetos incautados fueron enviados al Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Huamanga para continuar con las investigaciones correspondientes.

Aumentan denuncias contra policías por actos indebidos
Son varios los casos de agentes de la PNP, cuyas acciones, envuelven en escándalos a la imagen de su institución. En noviembre pasado, dos agentes la Depincri de Puente Piedra, en Lima, fueron acusados de exigir dinero a cambio de liberar a sujetos detenidos por la venta de drogas y otros delitos.

Según las investigaciones, estos oficiales habrían utilizado tácticas similares a las de ‘Los Hámsters del Norte’, simulando procedimientos legales para obtener beneficios económicos ilícitos: detenían a los microcomercializadores bajo cargos preliminares y posteriormente los extorsionaban con sumas que oscilaban entre S/1.000 y S/5.000 para evitar ser trasladados a instancias superiores o pasar tiempo en prisión preventiva.
En Puno, dos agentes de la Policía de Carreteras fueron acusados de sustraer 1.500 soles (aproximadamente 410 dólares) de un pasajero durante un operativo en la carretera Interoceánica, en Carabaya. Este acto quedó registrado en video, y se reportó que se realizó sin la presencia de un representante del Ministerio Público, violando los protocolos establecidos.
Otro escándalo ocurrió en San Borja, donde los efectivos Emerson Huamaní Tardeo (28) y Cristhopher Mena Murrieta (26) fueron señalados por tomar las pertenencias de un compañero herido durante un operativo. Los agentes se habrían apoderado del celular y cerca de mil soles de Pablo Baltazar, quien permanecía inconsciente tras recibir un disparo en el rostro.
Las denuncias no se limitan a casos de robo. En San Juan de Lurigancho, dos policías, Luis Miguel Lago Olivares y Jarlin Ali Dávila Risco, enfrentan acusaciones de tocamientos indebidos a una mujer intervenida. Además, según Latina Noticias, habrían solicitado una coima, la cual fue pagada mediante transferencia bancaria. A pesar de ser detenidos, ambos lograron fugarse durante las diligencias.
En Huancayo, un policía fue denunciado por amenazar de muerte a la madre de su hija, agravando la preocupación tras el asesinato de Sheyla Cóndor a manos del suboficial PNP Darwin Condori. Este caso se suma a una creciente lista de actos que afectan la confianza pública en la institución policial, demandando una urgente revisión de los mecanismos de control y sanción dentro de la PNP.
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