El expresidente Pedro Castillo no saldrá en libertad. Así lo determinó el Tribunal Constitucional (TC) al rechazar un recurso presentado por su defensa para cuestionar los procesos legales que lo mantienen detenido desde diciembre de 2022. El exmandatario sigue recluido en el penal de Barbadillo, enfrentando un juicio por el presunto delito de rebelión, mientras la Fiscalía solicita 34 años de cárcel en su contra.
Hace poco más de un año, Pedro Castillo pasó de ser presidente a recluso en menos de 24 horas. Su fallido intento de disolver el Congreso lo llevó a ser vacado con 101 votos a favor y detenido mientras se dirigía a la embajada de México para buscar asilo político. Sin embargo, Castillo no solo enfrenta el peso político de su decisión, sino también una investigación penal que podría costarle décadas de su vida tras las rejas.
En un intento por salir libre, la defensa del exmandatario presentó un recurso ante el TC, argumentando que su arresto y el inicio del proceso penal estuvieron plagados de irregularidades. Según el magistrado Walter Gutiérrez Ticse, quien emitió un voto singular, Castillo debió haber sido trasladado al Congreso para que se levantara su inmunidad antes de ser procesado judicialmente.
También cuestionó que no se respetó su derecho a elegir una defensa adecuada. A pesar de estas observaciones, el Pleno Jurisdiccional del TC, integrado por seis magistrados, rechazó el recurso.
El juicio avanza: más acusados en la mira
Mientras Castillo cumple una prisión preventiva de 36 meses, la justicia sigue cercando a otras figuras de su círculo político. En noviembre pasado, el juez Juan Carlos Checkley dio luz verde para iniciar un juicio que no solo incluye al exmandatario, sino también a sus exministros, como Betssy Chávez y Aníbal Torres, además de mandos policiales. Todos están acusados de participar en los delitos de rebelión y conspiración relacionados con el golpe de Estado fallido.
El caso se presentó como un entramado político y judicial que busca establecer si hubo coordinación entre los acusados para disolver ilegalmente el Parlamento y tomar el control del país. Para algunos, esto podría marcar un precedente histórico sobre los límites del poder presidencial en Perú, mientras que para otros pone de relieve las fragilidades del sistema judicial frente a las crisis políticas.
Castillo enfrenta un panorama complicado. La Fiscalía no solo tendría pruebas contundentes en su contra, sino que además ha solicitado la máxima pena para un delito de esta magnitud: 34 años de cárcel. Si bien su defensa insiste en denunciar irregularidades procesales, los expertos coinciden en que las posibilidades de que el exmandatario recupere su libertad en el corto plazo son mínimas.
Juicio oral aún no tiene programación
Dos años después de que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) anunciara en un mensaje televisado su intención de cerrar el Congreso, intervenir en la judicatura y convocar a una asamblea constituyente, aún no hay fecha para que se siente en el banquillo por el golpe de Estado. Se estima que el juicio oral podría comenzar el próximo año.
Mientras tanto, el exgobernante sigue negando los cargos y afirma que está bajo “secuestro político” y que fue vacado “ilegalmente” por quienes “luego asesinaron, hirieron, criminalizaron y encarcelaron a muchos hijos de nuestro heroico pueblo que lucha incansablemente en defensa de su voto y contra la actual dictadura”.
A comienzos del año, el Ministerio Público acusó formalmente a Castillo y solicitó 34 años de prisión en su contra por rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Desde el 7 de diciembre de 2022, permanece en prisión preventiva por 18 meses, con otra orden de 36 meses mientras se le investiga por, presuntamente, liderar una red corrupta.
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