La municipalidad del centro poblado Relave de Ayacucho, en coordinación con su Frente de Defensa y la asociación local AMAARPPA, acordó el lunes pasado una serie de medidas restrictivas para los ciudadanos extranjeros asentados en la jurisdicción. Según un documento difundido por Exitosa, como resultado de una reunión realizada el “9 de diciembre a las 07:30 horas”, se decidió otorgar un plazo de 24 horas para que abandonen voluntariamente la comunidad.
Además, se estableció una estricta prohibición para contratar extranjeros con sanciones para quienes infrinjan esta norma. “La población de Relave acuerda no dar trabajo a extranjeros. Si en caso dieran trabajo a extranjeros, serán sancionados bajo acuerdo de libro de acta de población”, se especificó en el acuerdo.
Las autoridades locales también pactaron imponer una multa de S/ 3,000 a quienes alquilen viviendas o cuartos a extranjeros, sin especificar el impacto de la medida. Igualmente, las minas que empleen trabajadores extranjeros deberán pagar una multa similar y enfrentar el cierre temporal de operaciones por 15 días.
Estas disposiciones fueron adoptadas debido a los constantes hechos de violencia que han afectado a los habitantes de Relave. “Hay familias que están siendo extorsionados y amenazados de muerte por unos extranjeros venezolanos. Este acuerdo es para salvaguardar a los pobladores”, se lee en la parte final del texto.
Sin embargo, los datos oficiales contrastan de manera significativa con la percepción generalizada de que esta población es responsable del aumento de la inseguridad. Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló que, de los casi 1.5 millones de venezolanos que viven en Perú, solo el 0.15% ha sido denunciado por delitos. El 1.9% de los internos en las cárceles peruanas son de esa nacionalidad, y el 40% de los migrantes en prisión ya cuentan con una sentencia.
Restricciones
En octubre pasado, la administración de la presidenta Dina Boluarte aprobó un decreto que obliga a los arrendadores y establecimientos de hospedaje a registrar en una plataforma digital de Migraciones a los extranjeros que alquilen o se hospeden en sus viviendas con el objetivo de “asegurar el orden público”, según el decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.
El texto detalló que los hospedajes tendrán un plazo de 30 días para cumplir con diversas disposiciones migratorias, como exigir la presentación de documentos de identidad o viaje de los extranjeros. Además, deberán permitir el acceso de Migraciones al registro para realizar tareas de fiscalización y verificación.
Las infracciones a estas medidas conllevarán sanciones económicas, las cuales, según especialistas, son discriminatorias e inaplicables. “La multa para los establecimientos de hospedaje que no soliciten esta información o no remitan el registro de la persona extranjera a Migraciones variará entre 1 y 2 UIT”, lo que equivale a entre 5,150 y 10,300 soles (aproximadamente 1,270 a 1,370 dólares), según el valor de la UIT para 2024.
Por su parte, Boluarte adelantó que el Ejecutivo impulsará ajustes para regularizar la situación de los migrantes venezolanos, como la exigencia de contratos de trabajo y de alquiler. También pidió a los propietarios de inmuebles que tengan cuidado con “a quiénes alquilan” sus viviendas, con el fin de “luchar contra el crimen organizado” y garantizar la seguridad en el país.
Anteriormente, la gobernante había afirmado que los migrantes, en su mayoría venezolanos y haitianos, son responsables de la creciente criminalidad. De igual modo, señaló que es necesario reformar la ley de extranjería para abordar la relación entre la migración y la inseguridad ciudadana.
Por su parte, el alcalde limeño Rafael López Aliaga propuso al Ejecutivo modificar el Código Penal para deportar inmediatamente a los extranjeros detenido en flagrancia delictiva. “No podemos perder tiempo. Como hacen en otros países, tipo Estados Unidos, fuera del Perú... en una, en barcos, de frente a su país de origen”, dijo en un acto oficial.
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