El Poder Judicial ha encendido las alarmas tras la reciente aprobación en primera votación de un proyecto legislativo que modifica el régimen de extinción de dominio. Este mecanismo, diseñado para arrebatar al crimen organizado los bienes obtenidos ilícitamente, enfrenta un futuro incierto, según un pronunciamiento liderado por el juez supremo titular Manuel Luján Túpez.
La preocupación no solo radica en el contenido de las reformas, sino en la velocidad con la que se está llevando a cabo el debate en el Congreso.
“Los cambios propuestos amenazan con desmantelar una herramienta esencial en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Es como intentar reparar los frenos de un auto en pleno movimiento: el riesgo de un accidente es demasiado alto”, advierte el documento emitido por la Mesa de Trabajo del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio.
Un mecanismo en riesgo de debilitamiento
El Decreto Legislativo N.º 1373, actualmente en vigor, permite al Estado confiscar bienes adquiridos de manera ilícita sin necesidad de una condena penal previa. Sin embargo, la reforma planteada por el Congreso propone vincular este proceso al derecho penal, lo que implica que se requeriría un fallo judicial antes de actuar sobre los bienes cuestionados.
Para los críticos, este cambio no solo contradice los tratados internacionales firmados por el Perú, como las Convenciones de Viena, Palermo y Mérida, sino que también socavaría la eficacia del sistema. “Es un golpe directo al corazón de la política criminal del Estado”, aseguran.
El pronunciamiento enfatizó además que la extinción de dominio es un instrumento autónomo que opera bajo principios distintos al derecho penal. Su enfoque radica en recuperar los recursos ilícitos y proteger el mercado de bienes corruptos, permitiendo que el Estado actúe con mayor rapidez y efectividad. “Modificar este esquema sin un análisis riguroso es abrir la puerta a vacíos legales que debilitan la capacidad del Estado de frenar la impunidad”, se lee en el texto.
Un llamado al Congreso: diálogo, no retrocesos
La Mesa de Trabajo ha solicitado al Congreso que extienda el debate legislativo para enriquecer la propuesta y evitar retrocesos en la lucha contra el crimen. “No se puede tomar una decisión de esta magnitud sin considerar las implicancias técnicas y jurídicas. Necesitamos un sistema que fortalezca la recuperación de bienes ilícitos, no que la complique”, señaló Luján Túpez.
Según los expertos, la extinción de dominio no solo cumple con estándares internacionales, sino que ha sido reconocida como una herramienta clave para debilitar las estructuras económicas del crimen organizado. En este contexto, proponer que dependa de una sentencia penal es visto como un retroceso que podría frenar la confiscación de bienes vinculados al narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción.
“La extinción de dominio funciona como una cirugía de precisión: identifica y elimina los recursos ilícitos que sostienen las operaciones criminales. Cambiar su naturaleza es como usar un bisturí sin filo; el resultado será ineficaz y tardío”, advierten los especialistas.
Un mecanismo crucial para el futuro
En su pronunciamiento, el Poder Judicial subrayó que la extinción de dominio es vital para garantizar un mercado justo y limpio, así como para fortalecer la política criminal del Estado peruano. Los bienes recuperados no solo representan justicia para la sociedad, sino que permiten al Estado reinvertir en servicios esenciales.
“Esta herramienta no es solo un mecanismo legal, es una promesa de justicia para las víctimas de la corrupción y el crimen organizado. Reformarla sin cuidado sería un error histórico”, concluye el comunicado.
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