Congreso asumirá defensa de Waldemar Cerrón: Mesa Directiva autorizó desembolso para investigación en contra de vicepresidente

A la lista de congresistas que solicitaron y se les aprobó la cobertura de defensa legal se sumó Waldemar Cerrón, el vicepresidente del Congreso de la República. Así lo expone el acuerdo de la Mesa Directiva N° 059-2024-2025/MESA-CR, correspondiente al martes 19 de noviembre, el cual lleva el aval de los legisladores Eduardo Salhuana, Patricia Juárez y Alejandro Cavero.

En el documento, al que accedió Infobae Perú, se precisa que el pedido se formuló a propósito de la inclusión del perulibrista en la investigación preliminar ordenada por la Fiscalía de la Nación, correspondiente a la Carpeta Fiscal 211-20224, “por los presuntos delitos de encubrimiento personal y obstrucción a la justicia, que habría cometido en el ejercicio de la función parlamentaria”.

“Se acordó autorizar a la Dirección General de Administración para que realice las acciones administrativas y presupuestales pertinentes para la contratación del servicio de defensa legal a favor del congresista Waldemar José Cerrón Rojas”, se lee.

¿Cuáles fueron los argumentos?

En el acuerdo se expone que la decisión se fundamenta en los documentos presentados por el congresista Waldemar Cerrón Rojas de fecha 8 y 19 de noviembre de 2024, el informe 0584-2024-OPPM-OM-CR de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y el Informe 105-2024-2024-OLCC-OM-CR de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Si bien no se consigna, también tiene que ver con el artículo 2 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, el cual establece que una de las categorías de servidores civiles es la de funcionario público, condición que ostentan los congresistas de la República.

Además, que el literal l) del artículo 35 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, concordado con el artículo 154 de su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 040-2014-PCM, “establece entre los derechos de los servidores civiles el contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad, en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad”.

Cabe mencionar que, si al finalizar el proceso judicial se demostrara responsabilidad, “el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa especializada”.

¿Por qué se le investiga a Waldemar Cerrón?

Aunque no se dan detalles, el encubrimiento personal y obstrucción de la justicia sería por un caso alertado a mediados de este año. Según la tesis fiscal, revelada por Cuarto Poder en julio, Dina Boluarte y Waldemar Cerrón habrían utilizado su influencia en el Ejecutivo y el Congreso al promover proyectos de ley que habrían favorecido a miembros del partido Perú Libre, impidiendo o complicando las investigaciones en su contra.

En ese entonces, el fiscal adjunto supraprovincial de lavado de activos, Ángel Astocondor Villalobos, recomendó denunciar a la presidenta y al vicepresidente del Congreso al ser acusados de integrar el “brazo legal” de una supuesta organización criminal que opera en el partido Perú Libre. Para ello, remitió un documento de 200 páginas a su coordinador, Rafael Vela —también coordinador del Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato—, y este lo derivó al fiscal de la Nación.

¿Qué leyes están en la mira?

De acuerdo con el dominical, el documento pone foco en un proyecto presentado por Waldemar Cerrón para que los partidos políticos no puedan ser investigados como organizaciones criminales. La iniciativa fue aprobada por el pleno del Congreso en mayo pasado y un mes después, promulgada por Boluarte.

Otra propuesta que también está en la mira es la que promueve el cambio de definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con la presencia del involucrado y su abogado. Ambas, pese a ser polémicas, no recibieron observaciones por parte de la jefa de Estado.